La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA) expresó su preocupación por la reciente equiparación salarial entre jueces y fiscales, dejando fuera de la misma a los Defensores Oficiales y Asesores de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Provincia de La Pampa.
Mediante un comunicado señalaron que “la referida diferencia, no encuentra razón der ser dentro del actual estado de derecho, donde a la par del trabajo de jueces y fiscales, el de la defensa pública -como función en el proceso- es igualmente relevante, al punto que sin la participación de la defensa en cualquiera de sus fueros, el proceso es nulo.
Por otra parte, es importante señalar que, mantener la inequidad es contradictorio con el proceso de selección y remoción de magistrados, toda vez que estos funcionarios tienen la misma forma de designación que sus pares de la judicatura -rinden concursos ante el Consejo de la Magistratura y reciben el pertinente acuerdo legislativo, sin el cual no pueden entrar en funciones-, también tienen idéntica forma de remoción (mediante jurado de enjuiciamiento) y los distintos roles que ejercen no tienen ninguna diferencia sustancial con lo que ocurre en los estamentos superiores de la carrera judicial o dentro del propio Tribunal Superior de Justicia, donde los sueldos de los ministerios públicos son equivalentes a los de sus pares de la judicatura.
La disparidad salarial afecta el principio de igual remuneración por igual tarea, entendida esta tarea no en lo producido sino en el mismo rol que cada uno de los actores cumplen para llevar adelante el proceso. El hecho de tener la misma jerarquía y trato (avalado por el mismo mecanismo de ingreso y remoción) indica la paridad en la importancia para el acceso a la justicia de la sociedad. Es por la misma razón que los fiscales están equiparados a los jueces, no porque emitan sentencias sino porque ambos roles están igual de jerarquizados dentro del proceso.
Debemos recordar también las múltiples tareas que realiza la Defensa Pública ya que no solo atiende casos penales sino que en todas las ramas jurídicas, la labor del defensor es insustituible para los sectores más vulnerables de la sociedad, siendo el primer peldaño en el acceso a la justicia, de allí que la postergación salarial no encuentre fundamento fáctico ni jurídico.
Por los motivos que se exponen y los que entendemos no es menester abundar en mayores detalles y explicaciones, solicitamos enfáticamente que se -contando con idéntica jerarquización- se proceda de manera urgente a igualar las remuneraciones de los Defensores y Asesores con la de los Jueces y Fiscales en todo el ámbito de la provincia, reparando así un desequilibrio salarial que, a toda luces, resulta injusto”.