Los diputados nacionales Ariel Rauschenberger, Sergio Ziliotto y Melina Delu, presentaron un proyecto de ley por el cual se incorpora en la Defensoría del Pueblo de la Nación, un “Defensor Adjunto” con función exclusiva a la protección de los intereses y derechos de los usuarios de las entidades financieras, a fin de hacer frente a las conductas abusivas e ilegítimas que desde larga data vienen desarrollando estas entidades con grave perjuicio a la ciudadanía.
Si bien el Banco Central de la República Argentina ha dictado normas tendientes a la protección de los usuarios, como ser la fijación de la Tasa Efectiva Anual o Mensual (T.E.A. o T.E.M.) y la obligación de información del Costo Financiero Total (C.F.T) por parte de las entidades financieras, estas medidas no son suficientes para establecer un mínimo grado de equilibrio con los usuarios.
La situación se ve agravada en la medida que a pesar de la evolución hacia la bancarización, se observa un alto grado de concentración financiera en los últimos tiempos. Según información del BCRA el número de financieras se redujo de 205 que existían en el año 1995, a sólo 78 al mes de septiembre de 2017, lo que evidencia la posición dominante de las mismas con el consecuente desequilibrio y desprotección que ello genera en los usuarios.
La iniciativa se hace extensiva al amplio universo de los usuarios de Tarjetas de Crédito y promueve la presencia de la Defensoría nacional en todas las provincias del país con un claro espíritu federal, atendiendo principalmente las demandas del ciudadano común víctima cotidiana de esta clase de abusos.