Seis meses en suspenso y un año de inhabilitación para el ex ministro Varela

thumb image
12 Abril, 2018 a las 16:00 hs.

El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa condenó hoy al ex ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un año, como autor material y penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública.



Los jueces Gastón Boulenaz, Carlos Besi y Andrés Olié sostuvieron que,  “al momento de asumir el ingeniero Varela en el cargo de ministro de Obras y Servicios Públicos (diciembre de 2011), la obra contratada por el Estado Provincial para la construcción de un estadio polideportivo en la ciudad de Santa Rosa, se encontraba paralizada desde el día 30 de diciembre de 2010; es decir que restaba un solo día antes de la expiración del plazo contractual previsto por ley 2516”.

E indicaron que esa “situación se mantuvo inalterable por la falta de adopción de las medidas administrativas necesarias para activar los mecanismos tendientes a resolver el conflicto suscitado con la empresa Inarco S.A., hasta su efectiva renuncia (noviembre de 2014); luego de lo cual el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 343/15, de fecha 22 de julio de 2015, resolvió rescindir el contrato de obra pública con la contratista por culpa de la empresa”.

“De modo que, de no haber omitido sus deberes normativos, (Varela) hubiera podido propiciar la rescisión contractual con culpa en la empresa, la que resultaba a octubre de 2012 inevitable, en razón de que no habiendo mediado posibilidad fáctica de ampliar los plazos, sólo restaba un día para la expiración del plazo contractual”, agregaron los magistrados.

Así, el tribunal dio por probado que el imputado cometió el delito de los violación de los deberes de funcionario público.

Durante los alegatos, el fiscal general Guillermo Sancho había requerida una pena de un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación; mientras que el defensor particular, Sebastián País Rojo, había solicitado su absolución.

El Tribunal, además, le impuso como reglas de conducta por dos años, las obligaciones de fijar residencia y someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras.