“Así que ninguna provincia tiene problema con que La Pampa maneje Casa de Piedra, pero nosotros sí desconfiamos de Mendoza en el manejo de Portezuelo del Viento, pese a que en el laudo presidencial dice claramente que será controlada por COIRCO”, cuestionó el diputado Maximiliano Aliaga, inmediatamente después de que el procurador general de rentas de la provincia, Hernán Pérez Araujo explicara ante los legisladores de la comisión de ríos interprovinciales, como ha quedado la situación ante la intención, avalada por el presidente Mauricio Macri, de Mendoza de construir la presa Portezuelo del Viento.
Fue el diputado Martín Berhongaray el encargado de refutarlo a Aliaga siendo contundente al afirmar que “Mendoza quiere construir Portezuelo no para solamente generar energía eléctrica en su provincia, sino básicamente para trasvasar agua del río grande al Atuel y es eso lo que no podemos permitir los pampeanos”. Pérez Araujo agregó que “se objeta que a COIRCO se la limite sólo a controlar la presa una vez construida, el manejo lo hará Mendoza” y ambos marcaron diferencias con la situación de Casa de Piedra donde “COIRCO es autoridad y la presa pertenece a tres provincias, no sólo a La Pampa”. Berhongaray cerró: “una vez que Mendoza empiece la obra no la parás más”.
El funcionario dijo que “construída en Mendoza, formando parte del sistema eléctrico de Mendoza y controlada por Mendoza, al presidente le parece una obra maravillosa, pero soslaya la defensa del Río Colorado, que es lo que no podemos permitir que ocurra” y lamentó que el resto de las provincias integrantes del COIRCO “crean que esa postura de La Pampa sea sólo una bandera de nuestro gobernador porque le es simpática a la ciudadanía pampeana”.
“Está en un río interjurisdiccional y es cuanto menos preocupante que el gobierno nacional considere a Portezuelo propiedad de una sola provincia”, dijo Pérez Araujo. Además reveló que el gobierno de La Pampa pretende que la UNLPam sea la contraparte en el estudio medioambiental que como condición para poder iniciar las obras, el gobierno nacional le encomendó a las universidad del Litoral y La Plata.
Respecto a la situación del Río Atuel, dijo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de finales del año pasado “estableció 3 cosas: rechazó la condición de cosa juzgada que Mendoza pretendía y así establecer que soltaría agua hacia La Pampa recién después de regar 75 mil hectáreas en su territorio; que se debía fijar un caudal que permitiera la reconstrucción el ecosistema del oeste pampeano; y le ordenó a las dos provincias, La Pampa y Mendoza, junto a Nación la puesta en marcha de un plan de obras para el manejo futuro de la cuenca”.
En ese marco remarcó la importancia y el agradecimiento de parte del gobierno a todos los representantes pampeanos en la comisión del Atuel inferior (CIAI) pero especialmente a los delegados de la FuChad y de la Asamblea Permanente en Defensa de los Ríos Pampeanos y en particular a los licenciados Pablo Dornes y Jorge Scarone que, en nombre de la UNLPam elaboraron el estudio que establece que para alcanzar el objetivo pretendido, el caudal permanente que debe llegar a La Pampa no puede ser inferior a los 4,5metros cúbicos.
También dijo que “hemos tomado como una afrenta y una tomada de pelo por parte de Mendoza su propuesta inicial de un caudal de 1,3 metros cúbicos y su posterior oferta de hacer 25 perforaciones al sur de Carmensa que aportarían sólo unos 0,14 metros cúbicos más”.
Dijo que al no haberse puesto de acuerdo con el caudal que debería entrar a La Pampa hasta el 20 de febrero pasado, La Pampa presentó ante la Corte un informe hidrológico y ambiental solicitando que sea ésta la que establezca el caudal correspondiente.