También se sumaron otras seis provincias más a este convenio.
El Gobierno suscribió un protocolo de acción con seis provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz. “La idea es ofrecerles a los actores fundamentales de los procesos de de decisión, que son los Procuradores, las herramientas que tiene Migraciones, que son muchas. Todos los fiscales con causas con extranjeros en conflictos con la ley nos pueden pedir información. Nosotros tenemos todo en nuestras bases de datos y en tiempo real”, señaló a Infobae Horacio García, director de Migraciones.
La idea es avanzar con todos los procuradores de las provincias y las justicias provinciales en un protocolo “que permita generar procesos de información más fluidos” para acelerar la deportación de extranjeros que ingresan a la Argentina con antecedentes penales en sus países. Y también avanzar en la erradicación de inmigrantes que tengan condena firme.
Entre otros puntos, el acuerdo establece que Migraciones se compromete a organizar y dictar cursos de especialización sobre normativa aplicable al proceso de admisión de extranjeros y control de permanencia en territorio nacional, principales maniobras delictivas detectadas que se encuentren vinculadas al ingreso y/o egreso de personas al país, análisis de casos prácticos y jurisprudencia en la materia y problemática de su gestión en sede administrativa y judicial.
Esta medida viene a complementar el Decreto 70/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos, algo que causó revuelo en enero de 2017, porque deportar a un extranjero del país no es algo jurídicamente fácil; por ejemplo, en los casos de delincuentes comprobados y de alta peligrosidad.