En el día de hoy se llevaron a cabo los alegatos. La defensa pidió la absolución de los imputados.
La investigación judicial se inició en los primeros días de 2012, cuando a poco de asumir la intendencia de Caleufú, Oscar Baras denunció al ex intendente Irrazabal, a la ex viceintendente Susana Martín y al ex tesorero José Luis Cisneros, por el presunto mal manejo de fondos por una suma de 400 mil pesos, que fueran dispuestos por Nación ante la emergencia por la sequía que había en aquel entonces.
ALEGATOS
El fiscal General, Armando Agüero sostuvo en su alegato que se investigó sobre el período junio y diciembre 2011. Allí se Intentó acreditar que se le dio otro destino a los fondos que tenían una afectación específica. En 2011 fue ratificado por la ley 2625, lo del recupero de los fondos para los fondos rotatorios. Se creó el fondo con esta especificidad de préstamo para emergencia.
Le ingresaron 399 mil pesos, está imputado a emergencia agropecuaria, era el destino que debía dársele, que inicialmente se le dio. El 24 de noviembre ingresó ese dinero. Se prestaron 383 mil pesos, quedó un remanente que no fue prestado y al final del mandato, donde quedaron las cuentas vacías, este dinero tampoco estaba. Ese dinero 16 mil no se prestó y se consumió en gastos corrientes. Se prestó a 22 productores. El 30 de junio se empezaron a recuperar y a partir de septiembre empieza a haber una afectación de la cuenta de emergencia en gastos corrientes.
Desde el 30 de junio hasta el 7 de diciembre se fueron devolviendo los fondos. En septiembre tenía recuperados 340 mil pesos, y termina con un saldo por debajo de los fondos rotatorios recuperados. En el período de la señora Martín, el 3 de octubre la primera orden de pago, ya estaba por debajo del fondo rotatorio. Mes a mes se seguía recuperando el fondo rotatorio pero se seguía gastando en gastos corrientes, al llegar al 7 de diciembre, con poco menos de 500 pesos en todas las cuentas de la comuna.
Cuando llegó el nuevo intendente se encontró con 458 pesos y el estado provincial salió a solventar las cuentas que le dejaron. El fondo que tenía una finalidad específica, que era prestar ante la situación de emergencia, ya había sido gastado.
El propio concejo local ratifica esta idea que tenían un destino específico y no se aprobaron las cuentas de septiembre, octubre y noviembre.
La ampliación de la pericia pedida por la defensa le da un criterio errático. Piden una ampliación de pericia.
Todas estas pruebas acreditan que tenían el pleno conocimiento de que los fondos eran específicos. No cabe duda que desviaron esos fondos específicos en gastos corrientes; que tenían el conocimiento que estos fondos tenían un destino específico, y aún así lo desviaron. Tal es así que pusieron el recupero el emergencia, lo cual deja constancia de que sabían que eran específicos.
De esta manera solicitó que se condene a Celestino Irrazabal, Susana Martín y José Luis Cisneros por Malversación de fondos. Está claro que la extinción de ese fondo impedía los servicios para los que había sido creado.
LA DEFENSA
Por su parte el abogado defensor, Francisco Marull, Dijo que la fiscalía hizo una mirada recortada de lo que ocurrió en este caso. Dijo que Oscar Baras hizo esta denuncia por fines políticos. Dijo que lo que le imputa a sus defendidos es lo mismo que él hace en su mandato.
Agregó que subieron el 500 por ciento para financiar déficit y gastos de emergencia. Si hubiera habido dolo hubieran eliminado la cuenta de emergencia del presupuesto. No hubo dolo. Además señaló que durante la gestión de Oscar Baras nadie fue a buscar ese fondo porque no había necesidad.
Justifico que el fondo se usara en gastos corrientes dado que no había emergencia. No había una exigencia legal. Los fondos fueron depositados por la provincia en cuentas generales. Nunca se ocultó que esos movimientos existieron. Los balances fueron girados al órgano de control y al Concejo Deliberante que aprobó estos balances.
Afirmó que el ex intendente, Carlos Irrazabal, no tenía intención de violentar la norma. Si hubiera tenido intención hubiera borrado la cuenta de emergencia. El haber sido imprudentes, no haber creado esa cuenta no los convierte en delincuentes porque no quisieron violar la norma. No existió delito en este caso. Entiendo que el juicio ha permitido demostrar con claridad que no tuvieron intención ni voluntad de violar la norma. Entiendo que Carlos Irrazabal, Susana Martín y José Cisneros deben ser absueltos de la imputación.