En La Pampa hay alrededor de 150 empleados que por ahora no tendrían un lugar donde ejercer su trabajo.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es un organismo sanitario rector de la República Argentina, cuyo objetivo principal es la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades animales, incluyendo las transmisibles al hombre, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país. Para implementar y promover la acción sanitaria y fitosanitaria, elabora normas y controla su cumplimiento, asegurando la aplicación del Código Alimentario Argentino, dentro de las normas internacionales exigidas. Asimismo, planifica, organiza y ejecuta programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal. El SENASA depende de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la República Argentina y a su vez, del Ministerio de la Producción. Cuenta con 24 supervisiones regionales y un área metropolitana y aproximadamente unos 6 mil empleados.
A partir de los mencionados conceptos, se entiende que estructuralmente es el órgano de control más importante de la República Argentina, donde para cada acción o tramite que se realiza el productor debe abonar un canon que muchas veces es bastante oneroso, por lo cual no se entiende demasiado que estructuralmente la entidad pueda quedarse sin edificios donde los trabajadores realicen la tarea que les corresponde en cada caso, aunque muchos de ellos parte de las mismas las deben realizar a campo, o en frigoríficos y otros sectores que lejos están de las oficinas.
De acuerdo a informaciones brindadas por fuentes sumamente confiables, habría llegado un e-mail indicando que a partir del 1 de junio del 2018 el organismo dejaría de pagar los alquileres de los lugares donde actualmente está funcionando, recomendando la búsqueda de alternativas como dialogar con los Municipios, el Gobierno Provincial ,las Sociedades Rurales o alguna de las fundaciones de las varias existentes en La Pampa, para que se puedan instalar las oficinas en alguno de esos sectores.
Si bien aún no se ha confirmado oficialmente la información, fuentes extra oficiales indicaron que estarían bastante adelantadas las gestiones en Victorica, donde se conseguiría funcionar en una oficina cedida por el Gobierno Provincial; en Caleufu, donde estaría funcionando en la oficina de una fundación; y en Santa Rosa-Toay, donde se encontrarían bastante adelantadas las gestiones con la Sociedad Rural de la capital pampeana.
De los trabajadores que SENASA tiene a nivel país, unos 2 mil son de planta permanente, otros 2 mil estarían por artículo 9 (contratados) y otros 2 mil estarían incluidos dentro de los contratos laborales y convenios con ArgenInta (que es la fundación del INTA).
Si bien en los dos años de gestión del presidente Macri se habla de regularizar las entidades nacionales, lo cual ha incluido también el cesanteo de empleados en muchos casos, suena muy extraño que, con el ingreso económico que tiene SENASA a nivel nacional, se deba recurrir a Municipios, Gobiernos Provinciales, fundaciones o Sociedades Rurales para que presten edificios y la entidad pueda funcionar como lo viene haciendo.
El ingreso económico que genera SENASA es multimillonario, motivo por el cual presupuestariamente no debería tener ningún tipo de problemas en lo que respecta a su funcionamiento, presupuesto bien manejado por supuesto, por lo cual no se entiende la decisión que pueda adoptarse en un futuro que parece estar bastante cercano. Pareciendo ser que la decisión es mudarse está, la pregunta es ¿Dónde? Incluso resulta llamativo la propuesta para ubicar las dependencias en los predios de alguna Sociedad Rural, teniendo en cuenta que SENASA justamente debe controlar a dichas instituciones.