El senador por La Pampa participó ayer de la presentación del proyecto de ley para que se declare de Lesa Humanidad al delito de Trata de personas.
La ceremonia se realizó en el salón de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto fue impulsado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y asignado a los senadores Pichetto, Guastavino, Pais, Pereyra, Crexell, Urtubey y el piquense.
Los presentes asistieron a un salón colmado donde se emitió un video que exhibía el discurso del Papa Francisco sobre “la esclavitud moderna”. “Poner a la esclavitud moderna en la agenda de discusión implica adoptar un compromiso de defensa y lucha de los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad”, dijo Lovera. “No pueden desconocerse los millones de personas -muchos de ellos niños-, que en búsqueda de empleos dignos y decentes caen víctimas de la trata y son reducidas a trabajar en condiciones similares a la esclavitud, la precariedad laboral, el trabajo infantil, sumergidas en la pobreza y la discriminación permanente”, sostuvo.
Por ello consideró imperioso fortalecer la legislación nacional, de acuerdo a los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, y aplicar sanciones rigurosas a quienes lucran desmesuradamente, aprovechándose de quienes se encuentran en una situación de desventaja económico-social.
89 millones de víctimas.
De acuerdo al sitio La Arena, el senador citó los últimos informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales indican que 89 millones de personas llegaron a experimentar alguna forma de esclavitud moderna.
“Se considera que este delito ocupa el primer lugar como actividad lucrativa ilegal en el mundo.
La OIT estimó en el año 2014, en su publicación titulada “Ganancias y pobreza”: que las ganancias obtenidas por el uso del trabajo forzoso en la economía privada equivale a 150.000 millones de dólares al año”, afirmó.
Lovera mencionó que numerosos doctrinarios, juristas y la Iglesia hace tiempo piden una adaptación del Código Penal a las normas internacionales para que ese tipo de delitos sean declarados de lesa humanidad. “Esta legislación debe ir acompañada de políticas públicas y una verdadera reparación a las víctimas, fortaleciendo los controles en aquellos sectores donde existen riesgos de trabajo forzoso. Estoy convencido, que aquí es donde los sindicatos y el Ministerio de Trabajo a través de sus diferentes dependencias tienen un rol importante”, dijo.
“Tenemos que ponerle fin a la discriminación en todas sus formas. Hay que promover la inclusión social. Es innegable que las diversas situaciones de opresión, trabajo forzoso, sexual, infantil, van de la mano de causas económicos-sociales. Contra ello “todos juntos” debemos trabajar para alcanzar una sociedad igualitaria y justa”, concluyó.