Las inundaciones causaron estragos en la provincia de La Pampa en lo que va de 2017. Y sus efectos se extenderán en el tiempo y alcanzarán a todos los habitantes, no sólo a los productores afectados.
En efecto, el hecho de que el Estado destine recursos a solucionar esos problemas -algo obligatorio y necesario tomando en cuenta la incidencia de la producción agropecuaria en la economía provincial- implica afectar recursos pensados para otros ítems, incluso para obras que mitigarían los efectos de las inundaciones.
Sin perder de vista que llovió más que el promedio anual en un par de semanas y que por lo tanto cualquier obra hubiera resultado insuficiente, sin perder de vista que puedan faltar obras, y sin perder de vista que cada productor es quien define qué produce, lo que sucedió también es resultado de lo que se hizo con los campos de la región en el último tiempo.
En efecto, expertos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estudian el tema desde la década del ’70 y concluyen que el ascenso de las napas y la falta de absorción del suelo se relaciona directamente con la extensión de un esquema de producción de monocultivos que asegura rentabilidad en corto plazo.
En dichos estudios se informa también que el promedio de lluvia no varió en cuanto a cantidad, aunque sí se produce en períodos menores. O sea que llueve lo mismo en menos tiempo.
Para no dejar dudas sobre las causas del fenómeno, se dan números: un monte natural infiltra 300 milímetros en una hora, una pastura entre 70 y 100, y un cultivo de granos como la soja apenas 30. Y cuando se siembra soja sobre soja, 9.
La conclusión es simple: una lluvia sobre un campo “impermeabilizado” por el uso de fertilizantes y productos por el estilo genera una inundación. A más campos en esa condición, más superficie inundada.
Este diagnóstico plantea la necesidad de hacer algo para evitar problemas al conjunto de los pampeanos. Porque se insiste: las inundaciones no afectan sólo a los productores, sino a los pobladores en su conjunto.
El camino a recorrer, sin dudas, es la legislación. Es decir encontrar una ley que asegure un uso racional del suelo, estableciendo, por ejemplo, la obligación de rotar los cultivos de forma consciente para garantizar un equilibrio natural de la tierra.
Esto no debe confundirse con invadir la “libertad productiva” por definirla de alguna manera: cualquier comercio tiene definido por ley qué puede comercializar y qué no, y las obligaciones que debe cumplir en beneficio de todos; cualquier persona está obligada a seguir determinados pasos para modificar, por ejemplo, su vivienda, para no perjudicar a sus vecinos. Y, como es razonable y justo, nadie lo discute.
Eso proponen estas líneas: una ley que establezca obligaciones para garantizar derechos y que vaya de la mano con una política de producción más amplia, que cuide la materia prima sobre la que se lleva a cabo.
Sólo si todos los actores involucrados (productores, legisladores, encargados del control, etc.) asumen el compromiso habrá ganancias para todos, aunque tarden un poco más en llegar. Si cada cuál continúa haciendo la suya, sólo se repartirán las pérdidas. (fuente: Guía de la Pampa)