La denuncia está en la UAP (Unidad de Atención Primaria), de la Fiscalía, mientras se recaban testimonios e informes para elevarla a un fiscal.
El hecho habría tenido lugar en febrero en una de las clínicas privadas de General Pico, cuando una mujer en labores de parto concurrió para tener a sus bebés pero la profesional de turno se habría negado a asistirla porque tenía la obra social cortada y no poseía los 13.000 pesos que costaba la prestación.
Ante tal situación, y después de perder más de dos horas intentando arribar a un acuerdo, la médica habría colocado una inyección y apósitos a la parturienta para frenar el parto y ordenó que la lleven al hospital “Gobernador Centeno”, donde la mujer dio a luz a dos niños. Uno de los bebés prematuros murió instantes después de nacer, mientras que el otro falleció unas dos semanas después.
En marzo la familia damnificada presentó una denuncia penal mediante su abogado, el doctor Norberto Paesani, quien es además el asesor letrado de la CGT Zona Norte quien presentó el recurso de amparo para que los médicos no corten la atención a afiliados de obras sociales sindicales.
En los últimos días infopico.com dialogó con personas vinculadas a la investigación, quienes indicaron que se están recepcionando testimonios de las personas que participaron de las situaciones vividas tanto en la clínica como el hospital. Además, se requirieron diferentes informes tendientes a determinar varias cuestiones, entre ellas si existió un delito por parte de la médica denunciada y si esto incidió o no en el deceso de las criaturas.
Una vez que todas las medidas de prueba estén realizadas las encargadas de la Unidad de Atención Primera deberán determinar si existen elementos de sospecha para elevar la causa a la Fiscalía de Delitos contra las Personas o si la desestiman.