El GEN respaldó a la intendenta de Realicó y consideró errónea la denuncia en su contra

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25 Marzo, 2017 a las 13:00 hs.

Con argumentos legales, el espacio que lidera Juan Carlos Passo sostuvo que no existió “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por parte de Roxana Lercari.



Frente a la denuncia penal que el Gobierno Provincial realizó días atrás con la intendente de Realicó, Roxana Lercari, el GEN La Pampa emitió un comunicado donde sostuvo que no hay argumentos legales para llevar una falta administrativa al ámbito penal.

El texto firmado por los referentes provinciales Juan Carlos Passo y Marcelo Piazza, sostiene en primer término que “la falta de un requisito en un acto administrativo, nunca puede generar un delito penal, en todo caso podrá traer la nulidad del acto, o bien su enmienda posterior”.

“Si bien es cierto que el segundo párrafo del art. 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que ‘los convenios o contratos en general, con organismos de otras provincias, nacionales o internacionales, necesitarán autorización previa del Poder Ejecutivo Provincial de La Pampa’, la falta de tal requisito no hace incurrir a las autoridades firmantes en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que justamente no se incumplió ningún deber, en este sentido la extralimitación de una facultad (hacer más de lo que puede), no es justamente un incumplimiento (el no hacer algo que tiene que hacer)”.

Sostuvieron que en casos como este “no existe perjuicio para el patrimonio público, es más es exactamente al contrario ya que la intendente obro en pos de los más altos intereses de su pueblo, y que además que la autorización que prevé la norma de la Ley Orgánica es simplemente formal”.

Por otro lado, indicaron que “claramente la norma del art. 151 de la Ley Orgánica Municipal resulta inconstitucional a la luz del art. 5 y 123 de la Constitución Nacional y art. 115 de la Constitución Provincial”.

“Tanto el art. 5 y 123 de la C.N. como el 115 de la C.P., garantizan la autonomía municipal. Dicha autonomía solo puede estar limitada cuando –de alguna manera- puede afectar los intereses o el crédito de la Provincia”, agregaron.

“Desde el punto de vista político resulta grave que la Provincia trabe fondos nacionales que no comprometen las finanzas de la provincia y que solo significa que las obras no se realicen”, opinaron los referentes del GEN y pidieron que “en este sentido la pelea que el Sr. Gobernador mantiene con el Gobierno de la Nación no puede afectar al pueblo de Realicó, cuando por un obrar diligente de su intendenta consigue fondos para obras”.
“Pareciera ser que el único fin de este apriete es o que las obras no se hagan u obligar al intendente municipal a pagar un “permiso provincial”. Resulta curioso que se intenten detener obras en Realicó cuando en su momento no se detuvieron otras obras severamente cuestionadas”, dispararon.

Consideraron desde provincia se hace una “utilización del Poder Judicial como arma de ataque”, ya que según los opositores “es de público conocimiento que el Gobierno de la Provincia a nombrado a funcionarios judiciales para que “les cuiden las espaldas”, en función de ello desde 1983 a la fecha han venido archivando y tapando todas las causas por corrupción, coimas, sobreprecio etc.”.

“Lo novedoso de este apriete –manifestaron- es la amenaza del Gobernador y apoyada por los dichos de un Diputado Provincial respecto de que con los jueces de la Provincia los iban a meter a todos en la cárcel, dando por sentado de que los Sres. Jueces actuarían en consecuencia y cuestión que la opinión pública no tiene dudas sobre ello”.

Passo y Piazza se mostraron sorprendidos y consideraron que “resulta llamativamente grave que la oposición parlamentaria no se levantara del recinto cuando el Sr. Gobernador en forma para violenta y hasta risueña “apretara” con acciones penales a los intendentes”.

Finalmente, afirmaron que se lleva a cabo una política de “estrangulamiento de la gestión Municipal” y tomaron como ejemplo lo que ocurre en la capital provincial. “Si tenemos en cuenta la traba que el Gobierno de la Provincia ha hecho a la Municipalidad de Santa Rosa, respecto de no poder vincularse con otro banco que no sea el Banco de La Pampa, ahora se suma el hecho de que no pueden relacionarse con la Nación y por otro lado otorga aumentos a los empleados provinciales, sin que se garantice los fondos para los empleados municipales, surge a las claras la política de ahogamiento y sometimiento que se intenta llevar delante de las gestiones municipales sobre todos opositoras”.

Por lo dicho, desde el GEN (Generación para un Encuentro Nacional)convocaron “a las mejores relaciones institucionales de todos los ámbitos del estado y proponemos para ello el mecanismo del dialogo como instrumento de construir relaciones solidas, nunca será un ámbito de litigio de la provincia contra municipio alguno el que de soluciones al pueblo de La Pampa que debe ser el centro de acción de toda gestión”.