En el día de la fecha, el gobernador de la Provincia, Carlos Verna, con el patrocinio letrado del fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, y del procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, solicitó al presidente de la Nación emita el laudo arbitral y decida si la obra Portezuelo del Viento debe o no ser realizada.
El escrito que contiene esta solicitud fue presentado por el procurador en Casa Rosada.
Mediante el mismo funda la oposición a la realización de la obra “Portezuelo del Viento”, formulada el día 23 de diciembre de 2016 en el marco de la reunión del Consejo de Gobierno de COIRCO, que fuera plasmada en el Acta N° 70 del mencionado órgano.
Pérez Araujo explicó que “le solicitó al presidente que al momento de emitir su laudo se exprese por la no construcción de la represa Portezuelo del Viento, merced a no existir acuerdo de todas las provincias integrantes de COIRCO, tal como lo requiere el artículo 11° de su estatuto. Solicitando en consecuencia que clarifique la cuestión y determine si pese a no existir unanimidad en el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno la obra se encuentra o no aprobada”.
Fundamentos del pedido:
La Provincia sostiene que la obra Portezuelo del Viento no ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno, pues el término acuerdo –que utiliza el Estatuto- implica unanimidad en la decisión.
Falta de cumplimiento de acuerdos y/o tratados por la provincia de Mendoza – Falta de acuerdo en la concepción que Mendoza tiene sobre el carácter interjurisdiccional de los ríos. La provincia de La Pampa no cree que la provincia de Mendoza maneje la represa respetando el interés de la cuenca del río Colorado; sino más bien, tiene fundados argumentos para sostener que la misma será usada y aprovechada en interés único y exclusivo de la provincia de Mendoza. La historia permite asegurar que la provincia de Mendoza hará un uso unilateral, inconsulto y arbitrario del manejo y operación de la presa Portezuelo del Viento, tal como lo ha hecho durante los últimos 70 años.
La negativa por parte de las demás provincias integrantes de la Cuenca a realizar un estudio de impacto ambiental integral sobre toda la cuenca. La Pampa no acepta que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental le corresponda de manera única y unilateral a la provincia de Mendoza, quedando para COIRCO sólo la mera posibilidad de emitir un dictamen. Solicita la confección de un estudio de toda la cuenca, realizado por COIRCO y aprobado por el Consejo de Gobierno del mismo, como condición previa y sine qua non de la aprobación definitiva de la obra.
La provincia de La Pampa se opone a que la única previsión previa a la construcción de la Presa Portezuelo del Viento sea un compromiso de mitigar los daños; está Provincia pretende y reclama que no se dañe el ambiente, se cumplan las normas vigentes en la materia y no se vulneren los derechos constitucionales de sus habitantes.
Llama la atención de la provincia de La Pampa la postura que han asumido las provincias de Río Negro y Buenos Aires, quienes por un lado, solicitan judicialmente el cierre del denominado “Tapón de Alonso” por entender que el paso del agua puede salinizar el río Colorado; y por el otro, votan a favor de la salinización que provocará la presa Portezuelo del Viento, sin razones técnicas que avalen su postura, tan sólo motivos políticos, económicos y electorales. Por ello, esta Provincia espera que el Sr. presidente tenga en cuenta el interés de toda la sociedad y que su resolución no se fundamente sólo en afinidades políticas con gobernadores de turno.
Con la aprobación de la obra Portezuelo del Viento, que tiene por objeto primordial el aprovechamiento energético por sobre las necesidades de las poblaciones, se está modificando el Programa Único Acordado, violándose en forma expresa el derecho humano al agua.
La provincia de La Pampa considera que sólo el liviano e irresponsable criterio que los daños y la conculcación a los derechos constitucionales de los habitantes de la cuenca ocurrirán en periodos constitucionales en los que no estaremos gobernando, no habilitan a las actuales autoridades a mirar para otro lado soslayando la importancia del tema, dando prioridad a urgencias económicas y electorales actuales.
El Acta N° 70, mediante la cual se quiere aprobar la obra, no ratifica el acta N° 692 del Comité Ejecutivo, mediante la cual la provincia de Mendoza se comprometió a no realizar trasvase y mantener el cupo de 24 m3/seg. En la mencionada acta también se estableció que la aprobación definitiva será luego de aprobado el Proyecto en sus aspectos ambientales y de operación.
Hasta el momento el acta N° 692 del Comité Ejecutivo no ha sido ratificada por el Consejo de Gobierno.
El tratamiento que realiza COIRCO en su Consejo de Gobierno toma por criterio que cuando las autoridades de una provincia – en este caso la de Mendoza- hacen una manifestación que beneficia a toda la cuenca, conforme las estipulaciones contenidas en el Tratado Interprovincial, deben ser cumplidas en el futuro inmediato y mediato.
Escapa a la lógica y afecta la confianza y seguridad en la institución, el hecho que, ante el cambio de autoridades provinciales de los gobiernos locales, que no compartan los criterios sostenidos por sus predecesores, se dejen de lado los compromisos asumidos en beneficio de toda la cuenca.