El senador pampeano Daniel Lovera, se reunió en su despacho con dirigentes de FOEESITRA (Telefónicos) para compartir puntos centrales de un proyecto que está presentando, en la Cámara Alta de la Nación, junto a su par, Norma Durango.
El pampeano César Montes de Oca, primer vocal de FOEESITRA; el ex senador jujeño Alberto Tell, secretario de Asuntos Prefesionales; y Daniel Rodríguez, secretario general de esa entidad, fueron los que estuvieron en el encuentro.
El proyecto establece que toda empresa prestataria de telefonía (móvil o fija), de agua, gas natural o servicios eléctricos, deberá contar con una oficina de atención personalizada en todas las localidades de más de 3.000 usuarios. Los domicilios de atención al público y los teléfonos de contacto deberán estar incluidos en las facturas, sean estas digitales o impresas. También, estos datos, figurarán en otros medios que las empresas utilicen con sus usuarios (boletines, páginas web, publicidades).
Asimismo, la autoridad de aplicación que el Ejecutivo defina, podrá incluir, específicamente, los servicios que considere pertinentes fuera de los mencionados. Dada la obligatoriedad de este requerimiento, las empresas podrán ser multadas por incumplir según lo prevé la Ley de Defensa del Consumidor; y contarán con 120 días para formalizar lo reglamentado.
En la fundamentación, el senador pampeano expresó: “el usufructo de los avances tecnológicos deshumaniza al trabajador, permitiendo que los clientes sean atendidos, muchas veces, por una máquina; sin posibilidad de repregunta ni aporte de solución alguna”.
“Como legisladores de la Nación tenemos la responsabilidad de asegurar un trato justo a los usuarios, que garantice los derechos de atención que la Constitución contempla”, remarcó Lovera.
También abordó la cuestión laboral vinculada a la calidad de los servicios indicando: “esta iniciativa, además de promover la eficiencia en el servicio de atención directa, acelerando la solución del problema, asegura fuentes de trabajo sustentables para el nicho de servicios”.
“La oferta automática estandarizada, no resulta efectiva para que el usuario tome una decisión, ya que espera que las propuestas se adapten, lo mejor posible, a sus necesidades concretas”, expresó el legislador nacional.
La intención de esta ley se remite a velar por el ajuste de la ecuación trabajo-capital, y que la generación de beneficios económicos no sea unidireccional ni monopólica, favoreciendo la competitividad y la competencia en el mercado nacional de servicios.