La diputada justicialista Susana Mayoral, ingresó Proyecto de Resolución a legisladores nacionales de nuestra provincia a fin de que los mismos soliciten ante el doctor, Carlos Javier Regazzoni, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI-, informe sobre la entrega de medicamentos y prótesis a beneficiarios en diversas agencias de la provincia de La Pampa; con el objetivo de responder a la demanda de éstos, quienes han manifestado quejas telefónicas por el retraso en el envío de los mismos.
En sus fundamentos la legisladora expresó: “El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI- posee en nuestra provincia quince agencias, de las cuales en siete de ellas (Santa Rosa, Gral. Pico, Gral. Acha, Quemú-Quemú, Eduardo Castex, Intendente Alvear y Colonia 25 de Mayo), sus afiliados han manifestado –mediante denuncias telefónicas- disconformidad con la entrega atrasada de medicamentos y prótesis, particularmente para el tratamiento de enfermedades oncológicas y post operatorios.
Según los denunciantes, la única manera que poseen para acelerar la entrega de medicamentos o prótesis, es mediante la presentación de un recurso de amparo librado por la justicia.
El nivel central (PAMI Buenos Aires), se toma como mínimo veinte días para autorizar la entrega de los mismos en La Pampa; teniendo en cuenta además que el área de prestaciones médicas de las agencias pampeanas no poseen autoridad para otorgar medicamentos o prótesis y que “PAMI escucha” no los escucha con soluciones, a la hora de los reclamos”.
A lo cual agregó que: “Ante estas situaciones, no está de más recordar que la salud es un derecho. Desde la reforma constitucional de 1994, el derecho a la salud está reconocido con jerarquía constitucional en el Art. 75. inc. 22 de nuestra Carta Magna. Al mismo tiempo, se asegura igual calidad a los tratados mencionados, entre los que se encuentra el Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dispone que toda persona tenga derecho a un nivel de vida adecuado que le garantice salud y bienestar, especialmente en lo referido a asistencia médica y servicios sociales necesarios. Mediante la presente resolución buscamos solucionar una demanda concreta emanada de un sector social –la tercera edad-, particularmente vulnerable a la falta de respuestas administrativas”.
Sobre el final Alicia Mayoral subrayó: “Un paciente de la tercera edad, además de luchar contra su enfermedad o sobrellevar una intervención quirúrgica, no puede agregarle a su estado una situación estresante que vulnere aún más su salud. Necesitamos para ellos respuestas con sensibilidad social, alejadas de cualquier criterio economicista que dilate la entrega de medicamentos o prótesis. De no hacer nada, estaríamos incurriendo ilegalmente en el abandono de personas, situación atentatoria contra el estado de derecho en el cual vivimos. Deseamos creer en el buen criterio del Director Ejecutivo del PAMI, el criterio moral, administrativo y legal para dar solución a lo expresado. Si hay dinero de los afiliados para ser transferido a instituciones deportivas para fines ajenos a los intereses de éstos, seguramente existirá también para proveer medicamentos, prótesis o pagar los bienes y servicios correspondientes a la mencionada institución social”.