Abusos en 25 de Mayo: El 1° de febrero se conocerá el fallo

Hoy, durante la jornada de alegatos del juicio oral por los presuntos abusos sexuales cometidos contra seis alumnos del Jardín de Infantes N° 12 de 25 de Mayo, la fiscalía pidió condenas de 25 años de prisión para Marcelo Tatavitto Roade, 22 para María José Tello y 10 para Oscar Aníbal López y María Angélica Bastías, los cuatro docentes imputados en la causa. Las querellas adhirieron a esas penas y las defensas, en cambio, plantearon que todos ellos deben ser absueltos.

El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, compuesto por los jueces Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Gabriel Tedín, dará a conocer la sentencia el 1 de febrero del año próximo a las 12.30, o sea cinco días hábiles después de los alegatos, atento a la feria judicial de enero. La audiencia de hoy, la decimoquinta, se extendió durante casi diez horas.

Tatavitto fue acusado por el fiscal general de la III Circunscripción Judicial, Jorge Marcelo Amado, y el fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, de abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas por sus circunstancias de realización, en concurso real, en seis oportunidades (artículos 119 segundo párrafo y 55 del Código Penal), agravándose solo en relación al hecho cometido en perjuicio de uno de los menores por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima (119, cuatro párrafo inciso a). A López le imputaron la misma calificación legal, pero por un único hecho.

Tello recibió la misma acusación que Tatavitto –aunque en cinco hechos–, en carácter de partícipe necesaria; concursando ello en forma ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 54 y 248 último supuesto). Bastías, a su vez, recibió la misma imputación que Tello pero en una sola oportunidad.

Amado fue el encargado de solicitar las penas y, al fundarlas, no tuvo en cuenta ningún atenuante, aunque sí mencionó como agravantes “la cantidad de hechos, el número de víctimas, sus edades, el aprovechamiento de los lugares y que no estuvieran los padres, la prolongación de los delitos en el tiempo, la repetición y reiteración delictiva, la condición de docentes de los cuatro imputados y, especialmente, la gravedad del daño físico y psicológico causado en los chicos en forma directa y en los grupos familiares en forma indirecta”.

Los querellantes particulares, Armando Agüero y Vanesa Ranocchia Ongaro, adhirieron a los pedidos de penas y a las calificaciones legales, aunque a los abusos le agregaron, en concurso ideal (artículo 54), el delito de promoción de la corrupción de menores agravado en ambos casos con respecto a una víctima (125 tercer párrafo).

Al momento de esos episodios, Tatavitto (54 años) era secretario de la Coordinación Secundario Zona Sur –funcionaba en el mismo edificio que el JIN N° 12, en la Escuela Especial N° 10– por la mañana, y secretario del colegio secundario Alfageme por la tarde; donde a su vez López (54) era el director de éste último establecimiento. Tello (30) –que pidió no estar en la audiencia de hoy porque estaba descompuesta– era maestra del JIN por la mañana y Bastías (34), por la tarde.

Amado y Méndez dividieron la acusación en tres hechos. Uno referido a tres niños que concurrieron al jardín el año pasado en el horario de mañana. Ellos situaron los abusos entre la tercera semana de marzo y mayo, en el baño de la Coordinación y en la chacra de Tatavitto.
El segundo hecho se centró en dos alumnos que iban al JIN la mañana pero en 2014. En este caso afirmaron que los ataques sexuales se cometieron entre fines de marzo y diciembre, también en el baño y en la quinta. Esas dos salas estaban a cargo de Tello.

El restante episodio –protagonizado por Tatavitto y López– apuntó a un solo chico que concurrió el año pasado al JIN, en el turno tarde, y que estaba a cargo de Bastías. Los fiscales indicaron que los abusos ocurrieron entre la tercera semana de marzo y mayo solamente en la chacra.

Para ellos, Tatavitto y López cometieron los delitos al desnudar a los niños de 4 y 5 años e introducirles elementos que les causaron lesiones “solo compatibles con el abuso sexual infantil”, según indicó la fiscalía en base a los informes de una médica forense y dos ginecólogos (uno de ellos médico policial). Agregaron que Tello y Bastías fueron partícipes primarias porque sin su colaboración, Tatavitto y López no hubieran podido cometer los abusos, ya que ellas detentaban la guarda de sus alumnos. “Sin participación de las maestras hubiera sido imposible que los abusos se cometieran porque Tatavitto no hubiera sido capaz de ganarse la confianza de los alumnos para llevarlos al baño de Coordinación y llevarlos fuera de la escuela”, remarcó Méndez.

Más adelante, destacó la credibilidad de los relatos de las víctimas que declararon en Cámara Gesell, rechazando eventuales fabulaciones y/o influencias de terceras personas–. También que coincidieron en hablar de “un profe pelado” (en alusión a Tatavitto), que las psicólogas que testificaron como peritos y testigos negaron que los abusos fueran intrafamiliares, y que “los chicos no pueden mentir sobre cosas que desconocen”.

Además Méndez hizo hincapié en que los niños, de acuerdo a sus padres, hablaron de una “caja mágica” y de “un secreto”. Incluso contó que uno de ellos llevó a los papás hasta la chacra. “Ese es un dato que le otorga gran credibilidad al relato de la madre”, indicó el fiscal.

“En la descripción que le hicieron los niños a sus padres sobre Tatavitto fue una constante que se trataba de un señor con pelos en la cara y no en la cabeza”, agregó. Inclusive un alumno lo reconoció en una foto. “Fue un reconocimiento auténtico porque primero lo describió y luego vio su foto”, sostuvo Méndez.

A su vez pidió darle especial atención al relato de la testigo de identidad reservada que, una tarde, vio a Tatavitto ingresar con cuatro o cinco chicos al edificio del JIN y que un familiar de Tello le dijo que venían de regar en la chacra.

Por último, el fiscal manifestó que hubo testimonios concordantes de padres y alumnos acerca de que las “seños” iban a la chacra, que los vestían y desvestían y que se metían a la piscina y les sacaban fotos. “La descripción de los chicos de la chacra prueba que fueron llevados al lugar”, enfatizó.

Querellas

Agüero, que representa a cinco de los seis padres querellantes, habló de fallos de la Corte que señalan que en estos casos “no se le puede exigir lo mismo a un niño que a un adulto”, y dijo que para demostrar los abusos bastaría y alcanzaría con mostrar las conclusiones de los exámenes de médicos ginecólogos, quienes constataron en todas las víctimas lesiones compatibles con el abuso sexual infantil y de larga data (30 días o más).

“Los médicos fueron muy claros, diciendo que es imposible que las lesiones hayan sido provocadas por algo que no fuera una introducción, descartando que fuesen por constipación. Es imposible cuestionar y contrarrestar esa prueba científica”, sostuvo Agüero.

El querellante recordó que el punto de partida de la investigación fue el relato de uno de los alumnos a su abuela, y que eso derivó en que el resto de los padres –que no se conocían entre sí– se enteraran de los supuestos abusos. Y negó rotundamente que esa movilización fuese porque los padres y sus hijos hayan sido manipulados o porque existió una psicosis en 25 de Mayo.

“Cuando los primeros padres formularon las denuncias no hicieron referencia a Tatavitto ni a ningún imputado. Se cree que a los papás les metieron en sus cabezas que debían denunciar a Tatavitto… Descarto la teoría del complot porque la noche que el nene habló con su abuela mencionó a un amiguito, y fue por eso su mamá se contactó con la madre del amiguito, a quien no conocía. Nadie les llenó la cabeza. Simplemente ambas mamás fueron a hacer la denuncia. ¿Qué podía esperarse de un papá al enterarse que su hijo fue abusado? ¿Hay algún protocolo de cómo debía preguntarle a su hijo, si con preguntas directas o indirectas? ¿Eso le hace perder credibilidad? ¿Acaso el papá que le mostró a su hijo una foto de Tatavitto, diciéndole que era un amigo, lo hizo para que el nene mintiera?”, planteó el abogado.

Agüero, además, enumeró 21 datos para demostrar la culpabilidad de Tatavitto y Tello, subrayando que “los chicos mostraron conocimientos sexuales inapropiados para su edad; todos los padres dijeron que sus hijos sufrieron regresiones y hablaron de pesadillas e irritabilidad en ellos; y que todos los abusos fueron a nenes, mostrando la identidad de preferencia del imputado, y sabiendo que las evidencias físicas son mucho más fáciles de reconocer en las nenas”.

Ranocchia Ongaro, que como querellante defiende a la restante mamá, se refirió exclusivamente al caso que involucra a Tatavitto, López y Bastías, y siguió la línea de pensamiento de Agüero. Insistió en los relatos coincidentes de los niños sobre datos específicos, y rechazó la teoría defensiva de que esos relatos no se condicen con lo que declararon sus padres. “Parecería que a las mentiras de los chicos se sumaron las mentiras de los padres”, ironizó.

Incluso fue más allá y descartó que desde la fiscalía se hayan sugerido cuáles son los síntomas de los abusos para que se hablara de ello. “Los niños verbalizaron lo vivido con las limitaciones de su edad y hasta de sus fantasías, y con las dificultades para conllevaba contar una experiencia impropia de la edad evolutiva”, indicó.

Con relación a López, Ranocchia Ongaro manifestó que el niño presuntamente abusado lo reconoció en la puerta de un banco cuando se lo cruzó con su madre. En esa oportunidad habló de “una pata que no es pata”, atento a que el imputado tiene dificultades motrices en sus extremidades inferiores.

Además dijo que quedó probado que Tatavitto y López podían entrar o salir de las escuelas sin dificultades, y que tampoco existían controles estrictos para las docentes, “ni portero, alarmas o cámaras de seguridad”.

En el final de su alegato, la querellante aseveró que “el abuso sexual infantil es una de las peores formas de violencia contra los niños”, pidió que al momento de fijar las penas se evalúe “la indefensión de los chicos, la diferencia de edad con los imputados y la indefinida extensión del daño”, y acentuó que “la consigna del secreto era esencial para que ellos puedan ser usados como objetos”.

A su turno, la asesora de Menores de General Acha, María Agostina Pensa –la oradora más breve–, solicitó especialmente a los jueces que “se garantice el derecho constitucional de los niños a ser escuchados”, más allá de las declaraciones en Cámara Gesell; por ejemplo a través de los gráficos que realizaron ante los psicólogos particulares que los vienen atendiendo desde hace más de un año.

La funcionaria mencionó a los padres como informantes clave y aseguró que los progenitores ofrecieron los mismos relatos que sus hijos. También remarcó que los imputados armaron “un escenario lúdico para perpetrar los delitos” y mostró preocupación por los hijos de las dos imputadas al requirir que, en caso de un fallo condenatorio, se le dé intervención a la Dirección de Niñez para que brinde un informe actualizado sobre los vínculos saludables de esos chicos con sus madres, quienes están detenidas bajo el régimen de arresto domiciliario (al igual que López). Tatavitto, en cambio, permanece preso desde hace 19 meses en la alcaidía achense.

Defensas

El defensor de Tatavitto, Tello y Bastías, Omar Gebruers, alegó que “el proceso arrancó al revés, de atrás hacia delante, porque primero la fiscalía determinó que Tatavitto iba a ser el culpable, lo detuvo y, a partir de allí, comenzó a buscar las pruebas para justificar esa decisión, un modo claro de prejuzgamiento”.

El abogado afirmó que se violó el derecho de inocencia de los imputados, se cometieron irregularidades y la fiscalía fue reticente para incluir en la investigación al “profe Pablo”, a partir de lo cual “comienza su direccionamiento”.

“La abuela del nene (que habló por primera vez de los abusos) fue quien determinó que el abusador sería Tatavitto, a pesar de que su nieto le había hablado del ‘profe Pablo’. Eso lo admitió la propia abuela en el juicio. Y apuntó a él porque como llevaba y traía de la escuela al nene, dijo que siempre estaba en Coordinación y era el único pelado”.

Gebruers cuestionó los exámenes de la médica forense y los ginecólogos por entender que “se impidió el control de la prueba y no puedo impugnarse la especialidad elegida”. Por eso adujo que existió actividad procesal defectuosa y que, por lo tanto, debería declararse nula esa prueba y por ende las declaraciones de los tres profesionales.

Más adelante, el defensor aseveró que de los peritajes a celulares surgió que no hubo comunicaciones entre los imputados, ni fotos ni filmaciones relacionadas con la causa. “No se mandaban mensajes entre ellos y de repente entraban en una locura pedófila sin haber ingresado a una página de pedófilos…”, señaló cierto sarcasmo.

El defensor remarcó una y otra vez que no existen pruebas para condenar a sus clientes, que los relatos entre los padres y sus hijos fueron “dispares entre sí”, que los imputados, según las pericias psicológicas, no ofrecen “ninguna alteración en la esfera psicosexual”, y que más de 30 testigos “nunca vieron ingresar a los niños en la sala de Coordinación ni a Tatavitto, Tello y Bastías sacar o entrar a los alumnos de la escuela”.

Al final apuntó a las “profundas fallas de la acusación” y pidió la absolución y la inmediata libertad de sus defendidos.

César Augusto Rodríguez, como codefensor de López, afirmó que “el poder político, tanto municipal como provincial, entregó la cabeza de los docentes cuando barrió a todos los directores de escuelas. El mensaje fue ‘no den más vueltas, acá están los culpables’”. En ese contexto habló de la “influencia de los medios de comunicación”, en alusión a la radio comunal de 25 de Mayo.

Indicó que “todas las Cámaras Gesell fueron iguales” y preguntó “cómo ningún padre había percibido nada antes el momento de la denuncia y, de repente, todas las mamás notaron las mismas e idénticas situaciones que hasta el día anterior no habían advertido. Y, en nuestro hecho, hablo de una madre presente, ya que iba todos los días a llevar y buscar a su hijo”.

Con respecto al video a la salida de un banco –que de acuerdo a la acusación mostraría al niño y a López–, Rodríguez manifestó que en la filmación no se pudo identificar al menor. Cuestionó que permanentemente se tiene en cuenta la opinión de una psicóloga forense, pero en esta oportunidad “pareció un cero a la izquierda”. Y planteó que “nos tenemos que defender de una no acusación, ya que nadie dijo cuándo, cómo y en qué momento López habría concurrido a la chacra de Tatavitto; además de que los testigos expresaron que casi siempre se trasladaba acompañado en su vehículo por sus dificultades para caminar. No hay un elemento de prueba que demuestre que estuvo allí. Acá las dudas las presentan como certezas, y las sospechas como condenas”.

El otro defensor de López, Juan Veneri, aseveró que “este proceso tiene un gran problema y es que la acusación partió de una premisa imprecisa y de una evaluación arbitraria. Pareciera que quedó acreditado que lo físico (en referencia a los exámenes médicos) no va de la mano con las conclusiones de los psiquiatras y psicólogos que declararon en el juicio. Hay una falta de convencimiento de la fiscalía y de la querella sobre la participación de López porque sino no podría entenderse cómo la imputación es tan liviana”.

“A López se lo trajo al proceso para sustentar y hacer más creíble la acusación ya que ningún testigo lo vio en la chacra, ni tampoco junto a Tatavitto. Por eso no sé cómo zafó, por ejemplo, la responsable de la Coordinación”, acotó. Indicó que el testimonio de un psiquiatra de la justicia nacional y médico legista “abrió la duda razonable con respecto a las lesiones ya que afirmó que pudieron producirse como consecuencia de un estreñimiento”. Ambos, sin más, requirieron la absolución del docente.

Al final, ni Tatavitto ni Bastías quisieron hacer uso de la palabra final.