La jornada duró casi seis horas, habían sido convocadas catorce personas.
El inicio de la tercera semana del juicio oral por los presuntos abusos sexuales cometidos contra seis niños del Jardín de Infantes N° 12 de 25 de Mayo se caracterizó por el protagonismo de una de las defensas, ya que diez de los once testigos que declararon ante el Tribunal de Audiencia habían sido propuestos por Omar Gebruers, abogado de tres de los cuarto imputados, uno solo en forma compartida por el otro defensor, César Augusto Rodríguez. En principio, para mañana está previsto que asistan otros 14 testigos de las defensas.
Originalmente, para la jornada de hoy –que duró poco menos de seis horas– habían sido convocadas catorce personas, aunque durante el proceso hubo modificaciones en el listado. La restante testigo fue un ama de casa que, a instancias del fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, respondió desde 25 de Mayo a través de una videoconferencia.
Esta vez los interrogatorios fueron acaparados por Gebruers y, en menor medida, por Rodríguez. La fiscalía y las querellas formularon pocas preguntas y muy específicas. En líneas generales los testigos fueron consultados por horarios de trabajo, organización interna de las escuelas, etc. A algunos de ellos se les exhibieron fotografías y otros debieron ubicar lugares en un croquis.
La nómina de testimonios en el octavo día del juicio incluyó a siete docentes de distintos establecimientos educativos –uno de ellos familiar de uno de los acusados y otros con cargos jerárquicos–, dos porteros de escuela, un comerciante y la citada ama de casa.
Al final, y antes del cierre de la audiencia, la imputada María Angélica Bastías solicitó ampliar su indagatoria simplemente para aclarar un dato que había sido aportado por una testigo la semana pasada. A su vez, Méndez requirió que el careo que está pendiente entre una docente y una psicóloga se realice por videoconferencia ya que ambas se domicilian en 25 de Mayo, pero Gebruers se opuso y el tribunal dispuso que se efectúe en el Centro Judicial de Santa Rosa.
Los imputados de la causa, que permanecen detenidos, son los docentes Marcelo Tatavitto Roade, Oscar Aníbal López, María José Tello y Bastías. Tatavitto era secretario de la CoordinaciónSecundario Zona Sur por la mañana y del colegio secundario “Profesor José Armando Alfageme” a la tarde; Tello y Bastías eran las maestras de las dos salas del JIN N° 12; y López era el director del Alfageme.
De acuerdo a la acusación fiscal, los abusos se habrían cometido en 2014 y 2015 en el baño de la Coordinación y en una quinta de Tatavitto. La Coordinación y el JIN N° 12 funcionaban en el mismo edificio, el de la Escuela Especial N° 10; mientras que el colegio Alfageme está ubicado a algunas cuadras de ese establecimiento.
El tribunal está compuesto por los jueces Gastón Boulenaz, Gabriel Tedín y Andrés Olié. En la audiencia estuvieron presentes Méndez, en representación del Ministerio Público Fiscal; la asesora de Menores de esa ciudad, María Agostina Pensa; Gebruers, en nombre de Tatavitto, Tello y Bastías; Rodríguez, por López; y los querellantes particulares Vanesa Ranocchia Ongaro y Armando Agüero, que resguardan los intereses de los padres de las supuestas víctimas.
Tatavitto está siendo juzgado por el delito de abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas por sus circunstancias de realización, en concurso real, en cinco oportunidades, agravándose solo en relación al hecho cometido en perjuicio de uno de los menores por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima; en concurso ideal con el delito de promoción de la corrupción de menores agravado respecto a esa víctima; y coautor de abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima por sus circunstancias de realización, en concurso ideal con el delito de promoción de corrupción de menores agravado respecto de un menor.
López está imputado como coautor de abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima por sus circunstancias de realización, en concurso ideal con el delito de promoción de corrupción de menores agravado respecto de un menor.
Tello y Bastías están acusadas de los abusos, como partícipes necesarias, en cinco y una ocasión, respectivamente, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.