La Secretaria General de UTELPa, Claudia Fernández, presentó una impugnación formal contra la decisión del Ministerio de Educación de La Pampa, de cerrar divisiones en distintos colegios de la provincia, y contra el pase a disponibilidad de los docentes afectados por la medida.
La nota fue presentada en la mañana de hoy ante el Tribunal de Clasificación de Educación Secundaria y Superior, y por su intermedio a la Ministra de Educación María Cristina Garello, en defensa de los derechos de los Trabajadores/as de la Educación y de los estudiantes pampeanos afectados.
La misiva rechaza “los fundamentos expresados en los actos administrativos por los cuales el Ministerio pretende cerrar cargos, achicar planteles docentes, eliminar horas cátedras, por constituir una redición de la política de ajuste que tanto daño causó a la educación pública en la década del 90”.
En el mismo sentido, UTELPa aseguró que “la decisión atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación y contra el mantenimiento y fortalecimiento de la educación pública, y del Derecho Social a la Educación, consagrado por la Ley de Educación Nacional N° 26206. Es falaz el argumento de optimizar recursos humanos cuando en muchos casos, los pretendidos casos de falta de disminución de matrícula, no son reales o no tienen la magnitud que los justifique, al continuar una matrícula de alumnos que es razonable para mantener las divisiones o cursos afectados”, puntualizaron desde el gremio docente.
Asimismo, se consideró nulos los actos administrativos gubernamentales, por “carecer de causa o motivo puesto que no se encuentran fundados en las causales taxativamente enumeradas en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores de la Educación (Ley 1124 y sus modificatorias), las cuales disponen cuales son las situaciones jurídicas que configuran el motivo por el cual los docentes pueden pasar a Disponibilidad”.
Por lo tanto, los dirigentes gremiales impugnaron la declaración de disponibilidad, y advirtieron que se podrían promover acciones judiciales en el caso de que algún docente se vea afectado en sus derechos, sea por algún vicio de procedimiento o en su estabilidad laboral.