Tras 6 años de lucha, el personal docente y civil jubilado entre 1196 y 2010 reiteró su reclamo por el recalculo en sus haberes.
“Seis años de reclamar… y un tiempo que no regresa”, lleva por título el comunicado de los jubilados provinciales docentes y no docentes que se vieron afectados por la Ley de Emergencia Previsional y que aún aguardan por una recomposición salarial.
“Muchas veces nos hemos preguntado ¿hasta cuándo reclamar? Y otras tantas nos respondimos ‘… hasta la solución satisfactoria del problema’. Por eso estamos hoy nuevamente aquí, para hacer visible la falta de respuesta, para poner en evidencia las consecuencias de las políticas de ajuste, para denunciar la pérdida de derechos, para destacar que aún quedan más por recuperar, para recordar que la omisión genera desigualdad… para evocar además que muchos compañeros se nos fueron porque se les fue la vida”, inicia el texto.
“Pero ¿y qué hacemos con esto? –volvieron a preguntarse- Sin duda lo peor que nos puede pasar es no hacer, porque la inacción angustia, oprime, enfada, genera subestimación, permite que se profundicen las inequidades, nos torna más vulnerables y menos saludables”.
“Estas, entre otras, son las razones por las que una vez más recordamos que somos un conjunto de jubilados provinciales, civiles y docentes, que debimos tramitar el beneficio entre 1996 y 2010, a quienes se nos aplicó la Ley de Emergencia Previsional que debió regir por 4 años y luego ser corregida, y que al no ocurrir las modificaciones necesarias provocó consecuencias que aún este grupo padece”, recordaron.
Afirmaron que fueron “el conjunto de trabajadores del Estado Provincial que más quitas laborales y previsionales sufrió durante la década del 90 y cuando recién en el 2010 se incorporó una mejora en la base de cálculo para la determinación del haber inicial, la omisión de esta franja de personas en la letra de esa ley provocó la inequidad que venimos evidenciando. Se generó desigualdades entre pares y por eso hemos dicho que hay diferentes categorías de jubilados”.
“Hemos emprendido a partir del 2010 todas las acciones posibles para subsanar un error que no habíamos cometido, más bien nos habían reiterado la injusticia de la restricción. Con la Emergencia restricción de derechos, y en el 2010 restricción de mejorar ante la sanción de una ley más favorable”, indicaron y dijeron que por ello “no nos quedó otro camino que reclamar la solución posible: la equiparación con los actuales jubilados”.
Pero “para que esto sea realidad se necesita que quienes tienen delegación de poder para tomar decisiones políticas produzcan el resultado esperado. Tanto los legisladores como el Poder Ejecutivo deben promover que la legitimidad del reclamo se convierta en ley que permita de una vez eliminar la inequidad producida entre pares como consecuencia de modificaciones sucesivas y parciales de la legislación previsional”.
“Hay proyectos de ley presentados por partidos de la minoría parlamentaria que aguardan su tratamiento. Mucho estimamos su voluntad política de resolver, pero no alcanza. Sin dudas hace falta la decisión y aporte del partido mayoritario para que fructifique el debate”, sostuvieron y aclararon que “el financiamiento no puede detener ni bloquear el avance hacia la meta porque es solo una herramienta, no un fin en sí mismo”.
Reclamaron que “la respuesta debe producirse este año, estamos dispuestos a profundizar el dialogo en el marco de una negociación. Lo que no queremos es ser parte de un conjunto de personas castigado e ignorado, sino revalorizado en su justa dimensión por la reparación de una injusticia que no provocamos”.
“Esperamos que el mandato de la Resolución Parlamentaria del 31 de mayo de 2012 alumbre en breve la solución que anhelamos. Mientras tanto nos atrevemos a luchar”, concluyeron.