Naciones Unidas pidió al Gobierno Nacional una “solución definitiva” al conflicto del Atuel y el cierre del “Tapón de Alonso”.
Reconociendo que “las actuaciones de este organismo internacional no son más que el reflejo de una larga controversia que viene planteando el gobierno de la provincia de la Pampa respecto al Rio Atuel y el unilateral uso y disposición que hace la provincia de Mendoza”, los diputados de toda la Patagonia, que integran la comisión de recursos naturales, turismo y medioambiente, acordaron manifestar, mediante una declaración, su beneplácito por el pedido efectuado al Gobierno Nacional de parte de los relatores y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas solicitando una solución definitiva al conflicto interprovincial del Rio Atuel que, desde hace seis décadas, afecta a miles de habitantes del oeste pampeano.
Esa misma comisión emitió despachos unánimes a los proyectos de integración turística-religiosa entre las repúblicas de Argentina y Chile; de control e inspección de los efluentes descargados al Río Colorado; y al pedido de derogación de la ley 1906, referida al condominio del Río Colorado.
También dieron dictamen unánime, recomendando su aprobación, solicitando el cierre inmediato del Tapón de Alonso sobre el Río Colorado a los fines de evitar la salinización del Río Colorado, con las consecuencias que ello ocasiona a los valores irrigados aguas abajo en las provincias de Río Negro y Buenos Aires.
Paralelamente tuvo despacho unánime, para su aprobación mañana, la recomendación a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Río Negro (AIC) para la realización del pronóstico y evaluación del estado de las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Colón-Curá.
Finalmente esta comisión también emitió despacho, ante el crecimiento exponencial de los importadores, aconsejando en forma unánime la aprobación de la declaración que expresa su apoyo irrestricto a la producción frutícola de la zona del Alto Valle, como generadora de divisas genuinas renovables que respetan el medioambiente.
• En la comisión de asuntos constitucionales y legislación general, se sacaron despachos aconsejando la aprobación de la utilización en expedientes, documentos y firmas electrónicas digitales; y la regulación publicidad de los actos, programas, obras, campañas, de órganos públicos.
• De la comisión de asuntos económicos, desarrollo regional, integración regional y política territorial, salieron siete despachos con recomendación de aprobación: el reclamo de consideración de las especiales condiciones climáticas de la Región, a la hora de confeccionar tarifas eléctricas y gas; la aplicación de tarifas eléctricas y gas diferenciales para usuarios domiciliarios, organizaciones sociales, clubes, comercios, pequeña y mediana empresa; retrotraer los aumentos a la red patagónica o compensación de equidad; la creación de la red patagónica de la TV Pública; tarifas diferenciales de energía eléctrica y gas para la región patagónica; cobertura de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones; y os beneficios establecidos por el decreto de necesidad y urgencia 2229/15.
• La atención integral de niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje (DEA) fue uno de los proyectos que merecieron despacho unánime para ser aprobado mañana en la continuidad de esta segunda sesión del Parlamento Patagónico, provenientes de la comisión de legislación social, deportes, salud, trabajo, cultura, educación, comunicación socila, ciencia y tecnología, cuya presidenta fue la diputada pampeana Claudia Godoy. Otras iniciativas que salieron con despacho unánime de esta comisión fueron: la obligación de pago de los servicios médicos por parte de las entidades financiadoras de servicios de salud, de adhesión obligatoria o voluntaria; la adhesión a la ley nacional 27098, régimen de promoción de clubes de barrio y de pueblo; y la creación de bancos de leche humana para la promoción de la lactancia materna.
• Finalmente, de la comisión de igualdad de oportunidades y trato, se emitieron dos despachos unánimes, uno aconsejando la aprobación del cumplimiento de la ley nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y otro, el apoyo a la sanción de la ley nacional de emergencia pública en violencia de género.