Diputados de la oposición acompañarán lucha contra la usura del gobierno provincial. Así lo confirmó el diputado, Luis Solana. “Hay que frenar este flagelo que se desata sobre la población más vulnerable”, dijo el legislador.
El diputado Luis Solana (Frepam-PS) se reunió con el subsecretario de Industria, Comercio y Pymes, Silvano Juan Tonellotto, y con la directora de Comercio Interior y Exterior de la provincia, Marisa Casimiro, y adelantó el acompañamiento a través de un proyecto de la Legislatura de la política pública que impulsa el gobierno provincial en la lucha contra la usura. En el encuentro se planteó que se haga a través de un proyecto el reclamo al Banco Central de la República Argentina para que establezca una reglamentación que controle, fiscalice y establezca topes a los costos de los servicios financieros prestados por entidades reguladas y no reguladas del mercado financiero. El mismo está en elaboración y será presentado a las autoridades.
Solana indicó que “de la reunión surgió la necesidad de poner coto a las tasas usurarias que se cobran actualmente en el mercado financiero. Conversamos con los dos funcionarios que nos contaron la preocupación que hay sobre el tema en el Ejecutivo provincial y el compromiso del gobierno para frenar este flagelo que se desata sobre la población más vulnerable que es la que debe tomar este tipo de créditos”.
“En la conversación surgió que según datos oficiales en La Pampa aumentaron un 30 por ciento las denuncias contra las financieras entre marzo y mayo de este año, y que en Defensa del Consumidor el principal motivo de queja son las tasas y los procedimientos de las financieras y sus créditos, y hasta han suplantado en número de denuncias a las telefónicas”, dijo el legislador.
Solana indicó que “en esta lucha tenemos que estar tanto el Ejecutivo como el Legislativo y vemos muy positiva la política que se quiere implementar desde el Ministerio de la Producción en ese sentido. Esperemos que se mantenga en el tiempo”.
Solana junto a su par Martín Berhongaray promovieron en 2014 la denuncia penal contra una financiera de Santa Rosa por querer imponer tasas usuarias a una mujer que había pedido un crédito de 25.000 pesos y debía devolver 89.000 pesos. Finalmente la Justicia les dio la razón y la entidad privada no le cobró a la damnificada.
“Desde ese momento estábamos esperando a que el Estado reaccione para proteger a consumidores y damnificados. Este es un paso adelante”, dijo.
Por su parte, la directora Casimiro había planteado la semana pasada ante el Consejo Federal de Consumo la preocupación que genera en la provincia el daño causado por las financieras que prestan dinero con excesivos intereses y el marco regulatorio difuso que entre otras cosas impide saber quiénes son los verdaderos dueños de esas firmas y dónde y cómo plantear los reclamos.