El Gobernador Carlos Verna aseguró que representantes del gobierno están en conversaciones con las cámaras que nuclean a distintos sectores afectados por el aumento implementado desde Nación para las tarifas de electricidad y gas, pero que su principal preocupación es el costo del servicio domiciliario.
Al respecto, aunque indicó que “si las Cámaras lo deciden las vamos a acompañar” se mostró cauto sobre la posible presentación de medidas cautelares para evitar la aplicación inmediata de los aumentos, a los que –por otro lado- volvió a tildar como “poco estudiados: si en una reunión bajaron de 1600 a 400% es porque no tenían muchos argumentos”.
De todas maneras, explicó que “el problema del recurso de amparo es que posiblemente los jueces de Primera Instancia lo otorguen, después hay que ver qué pasa con las Cámaras cuando el recurso vaya, porque el Gobierno Nacional adelantó que va a defenderse y finalmente la instancia va a terminar en la Corte. Y en realidad lo que está declarado servicio público es el transporte y la distribución del gas natural, pero el valor del gas en boca de pozo es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual creo que va a ser muy difícil resolverlo favorablemente en la Corte”.
En esta hipótesis remarcó que el ahorro que se produzca mientas dura la medida cautelar se transformará en una carga muy difícil de afrontar luego. “Un hotelero que paga 10 mil pesos por mes y ahora tiene que pagar 60.000 va a seguir pagando 10.000, pero a los cuatro meses cuando caiga el recurso cautelar tendrá que juntar 200.000. Habrá que analizarlo bien, será una decisión que tengan que tomar las Cámaras, si están de acuerdo participaremos en la presentación, pero hay que tener en cuenta que cuando esto se revierta les van a cobrar todo junto y de una sola vez. Y creo que las chances están a favor del Gobierno Nacional”.
Aunque confió que se está evaluando medidas de acompañamiento para las empresas de la provincia, recalcó que “más me preocupa la gente, porque las empresas tienen recursos. El problema es el vecino, que le llega la boleta y tiene que pagar. Por eso la idea es seguir con las reuniones” apuntando a bajar el ajuste.
Evaluó, en charla con los periodistas, a los primeros meses de su gestión como positivos a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial que permitió la generación de 100 nuevos empleos en distintas localidades (“creo que en este mes vamos a duplicar esa cantidad”, arriesgó) y el accionar del de Seguridad “que permitió bajar los índices delictivos”.
Consultado sobre la situación denunciada por delegados del INTA acerca del desfinanciamiento y la consiguiente posibilidad de despidos, explicó que “es decisión del Gobierno Nacional: echaron gente en el INTA, en el Renatea, en el Anses… La política de ajuste en el empleo del Gobierno Nacional es indiscutible. Ellos hablan de problemas de eficiencia, pero yo creo se mezclan con los problemas ideológicos y con el hecho de la concepción que tiene el Gobierno de medir la rentabilidad sin medir que detrás de un expediente hay una familia, gente que tiene trabajo en una situación difícil…”
“El Gobierno Provincial puede solicitar, puede gestionar, pero no tenemos poder de decisión. Y menos aún porque los jefes de todos los organismos nacionales en la provincia los impone en Gobierno Nacional sin consultarnos nada: ponen a los que tienen afinidad política con ellos, a los que piensan como ellos, y no nos preguntan si pueden o no trabajar complementariamente con nosotros”, criticó.