La Policía realizó procedimientos en la sede del sindicato, una financiera y la vivienda de Jorge Figueroa.
La crítica situación en la que se encuentra inmerso el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de General Pico sigue sumando capítulos a una historia compleja que se inició el año pasado cuando el Ministerio de Trabajo intervino al mismo por irregularidades en las elecciones.
Luego de la declaración de acefalia semanas atrás, se inició un enfrentamiento legal entre la institución y el Municipio por la retención y deposito de la cuota sindical y el dinero que el gremio debía entregar a casas crediticias y comercios locales, en su función de “intermediario”.
Ahora se agrega la judicialización del caso, con la investigación de la situación financiera del SOEM por parte de la doctora Ana Laura Ruffini, quien oficia como fiscal general subrogante y por ende tiene a su cargo los delitos de orden administrativo.
La investigadora dispuso este martes la realización de tres allanamientos, que fueron realizados por la Brigada de Investigaciones de la UR II en la sede del Sindicato, en Avenida San Martín entre 1 y 101; en una financiera, en calle 21 entre 22 y 20; y en una ubicada en calle 110 entre 1 y 3.
Según trascendió, los pesquisas habrían secuestrado documentación y computadoras, que contendrían material de interés para la causa.