(Por Norberto Asquini) Quienes han transitado por la avenida Spinetto de Santa Rosa han podido observar sobre el edificio que pertenece a Vialidad Provincial el gran cartel que anuncia que ahí se comparten oficinas con el Ministerio de Seguridad, creación del gobierno de Carlos Verna.
La particularidad de ese gran letrero es que rompe con los colores y símbolos institucionales, el logo y el isotipo, de la gestión vernista. El gran cartel negro adornado solamente por un escudo pampeano contradice cualquier manual de estilo gubernamental, que utiliza el verde, naranja y amarillo, repartido en lo que semeja un mapa pampeano.
Estamos, desde lo simbólico, ante la representación de un ministerio que se mueve de forma autónoma y con sus propias reglas, aunque dependa del Ejecutivo. Y de una política encarada en materia de seguridad que es parte de una visión personal de la problemática, más allá de los límites que se le impongan a nivel gubernamental.
La presencia del ministro Juan Carlos Tierno en la cartera de Seguridad no fue solamente para pagarle un apoyo político en la interna, lo que es una mirada reduccionista del tema, sino que se inscribe en la transición de gobiernos y de paradigmas que se ha dado a partir de diciembre.
La política “proactiva”, como la denominan oficialmente, de seguridad, es autocrática, pero también se inscribe en una lógica del “populismo punitivo” –haciendo la salvedad de que no se acomoda acabadamente a la definición-. El control de la calle, de lo público, la imposición de un orden, las respuestas “rápidas y eficaces” es su línea directriz. De allí la profusión de controles nocturnos y de patrullas que abordan cualquier situación o persona consideradas “peligrosas” en la calle para esa visión. Un paradigma basado en la capacidad operativa por sobre cualquier política de cercanía hacia la ciudadanía.
Esta columna no entrará en consideraciones personales sobre el ministro Tierno. Ya se ha difundido mucho sobre las causas judiciales que lo han involucrado y su vida privada. Tampoco sobre sus manejos como autoridad. Los abruptos cambios de funcionarios en tan breve tiempo de gestión, los únicos en todo el gabinete, y algunos de sus controvertidos perfiles, marcan cuál es su impronta de trabajo y de conducción personalista.
La cuestión es el fondo y las consecuencias de la política de seguridad actual. De hecho, quienes hacen sus diferencias un tema personal o atacan sus metodologías en base a casos particulares no están teniendo en cuenta que esas políticas gozan de legitimación. Y doble: están avaladas por buena parte de la sociedad en el marco de un contexto nacional en el que las acciones del gobierno macrista en la materia gozan según las encuestas de aprobación –uno de los pocos puntos, y frente a su política económica–; y en el respaldo de Verna no solo como gobernador sino como actor político –lo ha defendido públicamente– y del partido gobernante en su conjunto, como ha ocurrido a nivel legislativo. Es la cristalización de un llamado “consenso social”, en el que salvo la manifestación pública de un sector militante, el resto de la sociedad se ha desentendido, cuando no ha aprobado, de esta política.
Frente a esto, se despliega un accionar que se llama “proactivo” y que pivotea sobre la necesidad y las urgencias de la seguridad. Nos encontramos con una metodología eficientista y efectista del control de la autoridad política en Seguridad y de la policía sobre el espacio público.
La problemática de fondo, en sí, es la delgada línea, el equilibrio, siempre a punto de quebrarse, que se genera en la calle con una policía activada bajo esos discursos de la cero tolerancia. Estos parecen abrirse paso en muchos uniformados y provocar que el celo policial se convierta en excesos y abordajes arbitrarios. Ya sea por convicción u obligación por la obediencia debida.
Frente al “consenso social” hacia esta política, pocos reparan en las implicancias presentes y futuras de liberar las fuerzas de una institución para actuar con esta metodología.
La suma de casos puntuales de denuncias de acciones arbitrarias en ese sentido ha generado alarmas en algunos sectores. Desde el gobierno provincial se ha defendido por ahora la gestión de Tierno, pero esto no significa que no se impongan límites desde la misma institución o se analice su desarrollo desde el Ejecutivo.
Esta política de seguridad “proactiva” o de “populismo punitivo” puede ser discutida por parte de la sociedad, pero está legitimada por el poder y por quienes lo votaron. Mientras sus consecuencias no afecten esa relación, hay pocas posibilidades de contenerla.
Volvamos a la avenida Spinetto. La incorporación de las oficinas de Seguridad en el edificio de Vialidad Provincial es la mejor y más precisa analogía de lo que este Ministro es al gobierno actual. Una especie de astilla molesta que muchos miran ya sea con bronca o miedo, que puede tener consecuencias profundas pero que podría ser extraída sin más trámite, en el momento que sea necesario. Aunque sea difícil que esto último pase.
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