Lo expresó el abogado del vecino dorilense que mantiene una disputa con el Municipio por una quinta.
Infopico.com dialogó con Raúl Quiroga, abogado de Guillermo Vicente, quien sostuvo que “acá están haciendo un abuso de autoridad en su máxima expresión”, ya que desde el principio “el Municipio ha cometido el delito de usurpación, la Municipalidad ha obtenido las escrituras mediante una prescripción administrativa, se acogió a esa ley que establece la provincia hace 4 o 5 años. Nunca notificó a Vicente, si bien se escuda la intendenta que publicó edictos y todo, en una sociedad de 300 habitantes no puede escudarse en los edictos si sabe que hay un poseedor. Si está tramitando para quedarse con las tierras de alguien que durante 70 años fueron del mismo poseedor, no podes mirar para otro lado y después ponerte en formalista”.
“Con ese criterio obtuvieron las escrituras. Después que lo hicieron Hollamn siempre se escudó en que no fue un trámite que inició ella sino que lo terminó. Después que lo terminó intimó mandando cartas documento, diciendo que iba a hacer un desalojo cuando en realidad a un poseedor no se lo podes hacer, en todo caso una reivindicación le vas a hacer. Con esto lo que quiero decir es que nunca el Municipio obtuvo la posesión, nunca se estableció en las tres hectáreas”, sostuvo el letrado.
Comentó que más allá de lo que diga ejido urbano “históricamente eso fue campo y toda la vida lo utilizo la familia Vicente”, por lo que su cliente “pagó los impuestos, hizo la prescripción y la posesión veinteñal, que está próxima a notificarse porque estamos esperando los informes”, agregó. Remarcó que “tenernos los planos de mensura, que significa que estamos registrados en Catastro donde Vicente tiene el plano. Tenemos impuestos pagos desde la década del 70 y antes inclusive”.
Abuso de autoridad
Quiroga marcó la cancha al señalar que “esto lo vamos a debatir en la Justicia” y consideró “grave” la intervención policial que se dio la semana pasada, donde unos veinte uniformados concurrieron “a modo de colaboración” al terreno en cuestión para que Vicente y su hijo no resistieran ante trabajos de cercado perimetral que debían hacer empleados terciarizados contratados por la comuna.
Contó el abogado, que presenció lo ocurrido, que nunca les fue exhibida una orden judicial para llevar a cabo esas labores y que los policías “les dijeron que si se oponían a que la gente haga el trabajo los iban a tener que detener”, por lo que se preguntó molesto “¿hasta dónde es la colaboración y hasta donde existe el abuso de autoridad? ¿con qué orden le dicen ellos eso a un poseedor legítimo y efectivo que está ahí en las tierras?”.
El entrevistado comentó que después de constatar con escribano publico lo ocurrido, se presentó en el Juzgado Civil de Pico donde el pasado viernes 22 se le otorgó una medida cautelar de “no innovar” que debía poner de inmediato freno a los trabajos. Sin embargo problemas “de burocracia” impidieron que se notificara a la comuna hasta la mañana del lunes pasado.
Más allá de eso, Quiroga recordó que “hay una entrevista que le hacen a la intendenta el fin de semana donde ella dice que hay una medida de no innovar, por lo que ella está en conocimiento y el lunes mandó a los empleados municipales y metieron la motoniveladora”. Por si eso fuera poco, al terminar su turno los empleados se marcharon y “dejaron la motoniveladora clavada en una de las parcelas, 30.000 kilos y clavada como 60 centímetros, ósea que no la podes mover. Ahí se denota la mala fe que tiene intendenta, porque sabe de la media de no innovar y aun así actúa”.
Motivo político
“Hay un miedo terrible en la Justicia a imputar a un funcionario que aparentemente goza del beneplácito del gobernador y del ministro de Justicia, sino no se puede entender que haya tanta impunidad”, dijo enojado el profesional, para quien a esta altura el motivo de la disputa “es político, me han convencido de eso”.
Contó que quiso hablar con Natalia Hollman en varias ocasiones pero ella se negó porque “tiene una posición bastante obstinada” y le recordó que con su proceder de no notificar a su cliente en su momento “ha violado la defensa en juicio de Vicente, nunca le dio la posibilidad de defenderse. Cuando vos haces una prescripción administrativa y sabes de la existencia de un poseedor lo tenés que notificar para que dispute la posesión con vos, quien aporta mejores hechos es el que se va a llevar el derecho de posesión”.
Le reconoció a la mandataria que posee actualmente las escrituras del lugar, pero no la posesión del mismo y le anticipó que “nosotros vamos a tratar, llegado el momento procesal, de voltear esas escrituras”.
Finalmente hizo alusión a declaraciones de un concejal dorilense de la oposición, al sostener que la intendenta “utiliza el Municipio como una inmobiliaria”.