Presentaron un acuerdo para condenar al cerebro del robo de las cajas fuertes. Si lo aceptan nadie pagará con cárcel el hecho.
En la tarde de jueves se realizó en la Sala N° 1 del Palacio de Tribunales de General Pico una audiencia de juicio abreviado, donde las partes presentaron formalmente el acuerdo al que arribaron para que se condene al último de los involucrados en el robo de las cajas fuertes a CORPICO, Samuel “Chasquita” Arellano. Hay que recordar que el joven fue sindicado en su momento como el “cabecilla” de la banda que en enero de 2012 ingresó por la fuerza a la cooperativa, maniató al cereño y se llevó varias cajas fuertes con dinero y documentación.
En menos de 7 minutos se concretó ayer el procedimiento judicial, donde el fiscal Luciano Rebechi expuso el acuerdo al que la fiscal de la causa Ivana Hernández (quien se encuentra de licencia) arribó con el defensor particular Oscar Ortiz Zamora. En el mismo pautaron una condena por “robo en poblado y en banda” a una pena de 5 años de prisión de efectivo cumplimiento, que se debe unificar con una que le impusieron a Arellano el año pasado en Trenque Lauquen, por un asalto a mano armada cometido en América a mediados de 2012.
El tribunal, compuesto por la jueza de control Jimena Cardozo y los jueces “ad hoc” Pablo Durigón y Oscar Buteler, escuchó los pormenores del acuerdo y luego pidió el parecer de cada una de las partes. La fiscalía y la defensa refrendaron su conformidad con la salida alternativa, mientras que el representante de la cooperativa, Javier Ramírez, manifestó su disconformidad.
También los magistrados entrevistaron a Arellano, quien reconoció entender los alcances del acuerdo de partes, manifestó su conformidad. Cabe aclarar que par que fuera posible el acceso a este beneficio “Chasquita” admitió la autoría del hecho.
Sin juicio y ¿sin presos?
Ahora el tribunal interviniente cuenta con 15 días para emitir un dictamen, notificar a las partes y realizar la audiencia de lectura de sentencia.
Las resoluciones pueden ser dos. Los jueces pueden aceptar la salida alternativa y condenar a Arellano o bien rechazar el acurdo y determinar que la causa siga sus carriles normales hasta la realización de un eventual debate oral y público.
Dados los antecedentes de la causa, parece poco probable que haya un rechazo al acuerdo, por lo que finalmente uno de los hechos delictivos más importantes que tuvo en su historia la ciudad de General Pico se quedará sin su juicio, algo que dada la relevancia parecía sumamente importante para que los asociados y vecinos puedan conocer los pormenores de lo ocurrido.
Por otro lado, también es de remarcar que si el imputado es condenado mediante este acuerdo, no irá a la cárcel. Esto se debe a que al haber unificación de penas, se estableció un monto único entre esta condena y la que recibió Arellano en Buenos Aires, la cual el joven ya purgó en un alto porcentaje, por lo que desde tiempo tras goza del beneficio de cumplir de forma condicional el último tramo de la pena.
Si finalmente se da esa situación, nadie pagará con cárcel lo ocurrido en CORPICO, ya que los otros cuatro imputados que tuvo la causa tampoco lo hicieron. En su momento Roberto Sosa, Carlos y Gastón Fernández (padre e hijo) y Santiago Romano fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba o “probation”, ya que no poseían antecedentes penales.
Si bien mediante la admisión de sus responsabilidades se pudo demostrar la responsabilidad de los cinco acusados que tuvo la causa, a la ciudadanía le queda un “sabor a poco”, dado que nadie iría a juicio y además las penas, cuando menos, parecen desproporcionadas en relación a la relevancia social del hecho acaecido en la cooperativa.
