Si lo aprueban los empleadores no podrán despedir durante seis meses y si lo hacen deberán pagar doble indemnización.
Después de la reunión de la Comisión de Trabajo, presidida por el senador pampeano Daniel Lovera, que se organizó el miércoles de la semana pasada con la presencia de los cinco líderes de las centrales sindicales del país (CGT y CTA), más un grupo nutrido de los secretarios generales de los gremios más importantes, se cumplió lo que se esperaba como iniciativa legislativa de cara a la crisis originada por la ola de despidos que, desde hace cuatro meses, sufren los trabajadores argentinos en los sectores público y privado.
El proyecto de ley, ingresado el 13 de abril y rubricado por Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Pereyra, Norma Durango, Roberto Basualdo, Marina Riofrío y su autor, el jefe del Sindicato Mercantil piquense y actual senador, Daniel Lovera, busca frenar los despidos por ley por un lapso de 180 días, prorrogable por disposición del Ejecutivo Nacional por 180 días más. Esto representa una respuesta a lo tratado en la comisión legislativa de trabajo que aspira a encontrar una vía de solución institucional, desde los órganos deliberativos nacionales, antes de recurrir a medidas de fuerza que no solo se harían sentir en todo el territorio, sino que resultarían abrasivas para la gobernabilidad del actual Ejecutivo Nacional.
El proyecto de ley propone el cese de los despidos en todos los ámbitos por seis meses con posibilidad de prorrogarse por seis meses más, como contingencia a la devastación que están sufriendo los distintos sectores del trabajo. En caso de producirse el despido sin causa, el empleador incurriría en contravención y debería pagar al trabajador una doble indemnización.
En caso de las contrataciones por tiempo indeterminado producidas por el sector público nacional, dispone la continuidad automática (sin necesidad de renovación contractual) e incluye a los poderes Legislativo, Judicial y al Ministerio Público.
Asimismo, también propone acotar las suspensiones por causas económicas que impliquen una caída salarial de más del 20%. Dentro de la misma ley se promueve una actualización del seguro de desempleo, que al encontrarse hoy en $400 (cuatrocientos pesos) debe darse por desactualizado y caduco, para volver a calcularse como un porcentaje del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en los seis meses anteriores al cese del contrato.
El proyecto establece como fundamento central a todas las medidas económicas que se han venido aplicando en el ámbito nacional y que han representado la pérdida de miles de puesto de trabajo.
Esto obedece a la desmedida transferencia de recursos al capital concentrado, sin haber mediado en contraposición medidas que protejan el empleo y el mercado interno de nuestro país, fenómeno que debe ser contrarrestado con políticas públicas preparadas para disuadir decisiones empresariales tendientes a disminuir el empleo formal.
En el caso de la industria de la construcción, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Juan Chediak, confirmó la cifra de 54.000 puestos de trabajo perdidos a consecuencia del atraso de los pagos de las obras públicas. Asimismo, afirmó que la actividad de la construcción ¨es el elemento más multiplicador que existe en la economía”. Conjuntamente con la construcción, petroleros, gastronómicos, textiles e indumentaria, comercio, entre otros sectores, fueron los más perjudicados.
Dada la manifiesta inestabilidad del mercado del trabajo y lo que esto representa para la supervivencia y el bienestar de las familias argentinas, debemos parar los procesos de generación de pobreza y promover oportunidades laborales para consolidar el derecho al trabajo confirmando nuestro compromiso con el motor de desarrollo de nuestro país: los trabajadores.
“Debemos entender el gesto de grandeza institucional y de promoción del diálogo de las centrales obreras que han visitado, todas juntas, en jornadas históricas, los cuerpos legislativos nacionales para encontrar una solución al conflicto de los despidos. A sabiendas de que nadie que tenga una visión de desarrollo en sus políticas de Estado puede considerar, como variable de ajuste, justamente al sector del trabajo”, redondeó en senador Lovera presentando su proyecto.