Diputado Hernández pide “urgente” designación de jueces federales para Santa Rosa y General Pico

thumb image
13 Abril, 2016 a las 11:49 hs.

El diputado del Frente Renovador, Darío Hernández, elevó un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo para que inste al Consejo de la Magistratura de la Nación a activar los mecanismos legales y constitucionales necesarios para la designación urgente del Juez Federal con asiento en la ciudad de Santa Rosa y del Juez Federal con asiento en la ciudad de General Pico.



En la misma presentación el legislador pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación que provea al Juzgado Federal con asiento en Santa Rosa, así como a las Fiscalías, Defensorías Oficiales y Secretarías que actúan en el  ámbito del mismo, de las condiciones edilicias y de infraestructura indispensables para su normal desenvolvimiento.

En ese sentido, el diputado Hernández explicó que “desde que el doctor Pedro Vicente Zabala dejara su cargo, ya hace mucho tiempo, el juzgado federal de Santa Rosa no ha tenido un juez titular como establece la Constitución Nacional. Si, se han designado para el cargo, a otros funcionarios judiciales con el carácter de jueces subrogantes, que mediante los procedimientos preestablecidos por las leyes han ocupado el cargo, con desigual resultado”.

“Al margen de los reparos de orden constitucional que puedan merecer tales designaciones de subrogantes, que afectarían el derecho al juez natural, en sentido amplio, pero que por razones prácticas han sido admitidas por la Corte, tales designaciones afectan el normal acceso de la gente a la administración de justicia en nuestra provincia a la justicia”, consideró.

Hernández dijo que “en el mejor de los casos, como ocurre actualmente, se ha designado un juez a cargo que a la vez es titular en otro juzgado, el federal con asiento en Junín. Si bien irreprochable en cuanto a los requisitos constitucionales, resulta muy difícil imaginar cómo podría el juez designado, materialmente hacerse cargo de todos los casos federales de La Pampa  y al mismo tiempo atender su propio juzgado y hacerlo en forma correcta”.

Hernández pidió también recordar que “aún no se ha puesto en funcionamiento el Juzgado Federal con asiento en General Pico creado desde el año 2004” y puntualizó que “el último Juez designado al efecto, Dr. José Charlin, fue protagonista de desgraciados y escandalosos episodios que  dieron cuenta  de que no fue una persona idónea para  desempeñar el  cargo, pese a haber sido propuesto por el Consejo de la Magistratura”.

Sostuvo que es necesario dejar aclarado “que en estos momentos se encuentra en tratamiento el proceso de destitución por su  reprobable desempeño en ese organismo”, al tiempo que sostuvo que “toca entonces al Consejo de la Magistratura de la Nación la elaboración de las ternas respectivas para la designación por parte del Poder Ejecutivo de los jueces de que se trata”.

“Puede comprenderse rápidamente que con esta doble función un juez no puede cabalmente comprender la problemática de las causas que debe atender –remarcó-, por lo que los pampeanos que deben obtener justicia  de competencia federal no la obtienen y de seguir así  se transformara literalmente lisa y llanamente en  denegación de justicia”.

Resaltó que “a esta situación jurisdiccional hay que agregarle el deplorable estado edilicio del juzgado. Importa porque en el mismo están trabajando personas, pampeanos que sufren el  deterioro del edificio, un sitio con bajas condiciones estructurales,  inminente peligro, incluso de vida,  porque las conexiones eléctricas  se encuentran en contacto con el agua y  es una posibilidad de  accidente, que cuando suceda será anunciado;  ello  sin dejar de tener en cuenta que los expedientes  -que son de papel-  se encuentran  expuestos al agua y esos expedientes,  de la justicia civil,  penal y electoral merecen un lugar de resguardo adecuado ya que son instrumentos públicos en muchos casos tienen documentación que no tiene respaldo.

Por último refirió: “No desconocemos que resolver estas cuestiones  son  de competencia “federal”, a cargo  de  la C.S.J.N., la Cámara Federal de Bahía Blanca y el Consejo de la Magistratura de la Nación, pero  entendemos  que las gestiones que puede hacer el Poder Ejecutivo Provincial resultarían de mucha influencia,  ya que la omisión de designación de un juez federal y el estado del edificio y de la jurisdicción son omisiones realmente graves”.