Buscan evitar cobren por cámaras de vigilancia a los vecinos de Winifreda. Sostienen que la seguridad es un servicio provincial.
El diputado Luis Solana (FrePam) presentó un proyecto por el que se rechaza la imposición de cámaras de video-vigilancia en Winifreda como un servicio público que le será cobrado a los vecinos y vecinas como tasa (en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades) y que transfiere parte de la seguridad al municipio cuando debe ser un servicio Provincial sentando un “peligroso” antecedente que se podría trasladar a otras localidades.
“Esperemos que esto no sea un plan del Ministerio de Seguridad que se quiera trasladar a otras localidades, y como parte del ajuste que se lleva adelante a nivel provincial”, indicó el diputado.
Solana indicó que la medida “no solamente es una doble imposición económica, ya que la seguridad debe estar a cargo de la Provincia, sino un mal precedente para toda la provincia ya que le impone a los vecinos un cobro por el servicio que la Policía lo presta en el resto de las localidades. Esta medida podría extenderse a otras poblaciones”.
Además, consideró que la ordenanza aprobada en Winifreda “va en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades porque la municipalidad no puede crear nuevas tasas sin la autorización del Poder Ejecutivo Provincial, según el artículo 104”.
“No estamos en desacuerdo con que se tomen medidas para dotar de una mayor seguridad a los habitantes de una localidad, sobre todo en Winifreda que ha sido castigada con varios hechos delictivos en las últimas semanas. Pero esto no significa que se deba considerar como un servicio público a la seguridad, ya que el servicio lo debe prestar la Provincia, superponiendo jurisdicciones y metiéndole la mano en el bolsillo al vecino por algo que ya le está cobrando. Y esto genera un mal antecedente para otras localidades”, indicó Solana.
El Concejo Deliberante de Winifreda votó a favor (por mayoría, sin el apoyo de los representantes del Frepam) la ordenanza luego de una manifestación de vecinos que reclamaron por mayor seguridad. Solana no solamente cuestionó el cobro de las cámaras como si fuera un servicio público y que el municipio se haga cargo del servicio de seguridad que es facultad de la Provincia (y por el que los vecinos ya pagan sus impuestos) sino también está en desacuerdo con que se faculte al municipio a suscribir convenios de concesión para tercerizar el control de las mismas.
Actualmente en La Pampa el servicio de video-vigilancia en la zona urbana se presta en más de diez localidades, además de Santa Rosa y General Pico, entre las que se cuentan Intendente Alvear, Macachín, Quemú Quemú y Alta Italia a cargo de la Policía y sin imposición de una nueva tasa a los vecinos. “Los ejemplos de Intendente Alvear y Quemú Quemú en la que la intendencia y los vecinos se organizaron, se compraron las cámaras y las maneja la policía, son ejemplos en toda la provincia”, destacó.
“Esta doble imposición es una desviación del concepto de seguridad por el que debe bregar el Estado tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Y en la Provincia debe ser garantizada por el Estado provincial”, destacó. “No se puede dejar en manos de una empresa privada la videovigilancia de los habitantes de una localidad, y además cobrarles”, dijo.
“Además la sanción de esta ordenanza conlleva un acto incluso discriminatorio para los winifredenses con respecto a sus pares del resto de la provincia, ya que deben pagar un impuesto especial, creando así un doble pago de impuestos, con lo cual se abre la puerta para que ante cualquier necesidad de cualquier índole, el gobierno pueda plantear el pago de tasas retributivas para brindar servicios públicos”, destacó Solana.