Durango teme que las medidas del Nación “todavía no hayan mostrado sus peores consecuencias”

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10 Abril, 2016 a las 12:49 hs.

La senadora pidió informes sobre la aplicación del Decreto 254/2015, ante los despidos masivos en la Administración Pública.



La senadora nacional por La Pampa Norma Durango impulsa sendas iniciativas parlamentarias “sobre uno de los aspectos más preocupantes que exhibe el rumbo del nuevo gobierno nacional asumido el 10 de diciembre del año pasado: la pérdida de puestos de trabajo producida en los últimos meses, tanto en el sector privado, por efecto de las medidas económicas asumidas por el nuevo gobierno nacional, como en el ámbito público, a raíz de los masivos despidos de personal dispuestos en diferentes áreas del Poder Ejecutivo Nacional”, señaló la senadora pampeana.

Dijo Durango que “como representantes de las provincias y como integrantes de uno de los poderes del Estado que tiene por deber velar por el bienestar de la población, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante las últimas decisiones del gobierno nacional en materia económica, en tanto entendemos que las mismas tienen directa influencia en los despidos y suspensiones que se vienen registrando en el trabajo privado.

Después de años de políticas que permitieron recuperar los niveles de ocupación, tememos que las medidas que se han asumido desde la asunción del nuevo gobierno todavía no hayan mostrado sus peores consecuencias. Sobre todo en el contexto actual donde reina la incertidumbre en relación a la inflación y al aumento de los precios de la canasta básica, y cuando se ha anunciado una masiva suba de tarifas de los servicios públicos esenciales para el trabajador.

En este sentido los anuncios del Ministro de Hacienda no son tranquilizadores, las tarifas sociales previstas apenas si contemplan a 350 mil personas, no haciéndose cargo de la inmensa cantidad de trabajadores que deben tomar 2 o 3 medios de transporte diarios para llegar a su trabajo, o aún sin esa necesidad, el resto de los miles que afrontan su día a día con salarios retrasados y sin mejores perspectivas.

Está claro que el gobierno actual fue elegido democráticamente y que el pueblo estaba al tanto de algunas de las medidas que se tomarían, pero en esta implementación que estamos todos observando no parece preocuparle al Estado Nacional la situación de precariedad en que se encuentran miles de personas. Encuestas publicadas recientemente dicen que el número de pobres ha aumentado en 1 millón y hasta en 1 millón y medio en estos tres meses.

Es cierto que el gobierno nacional tiene la autoridad para tomar las medidas que considera apropiadas desde su visión económica y filosófica, pero no puede, ni aun escudándose en los tiempos que conlleva cualquier transición, golpear drásticamente sobre los más necesitados mientras no se toman medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de sus ya magros ingresos.
Por otro lado, estas preocupantes consecuencias no se limitan sólo a la pérdida de fuentes de empleo en el ámbito privado. Día a día vemos cómo trabajadores públicos engrosan el número de desempleados en una cantidad que, según trascendidos, ya se cuentan por miles. Y ello no es un dato menor, ya que se advierte que los despidos en el Estado nacional motorizan despidos en las provincias, en los municipios y en el sector privado”, dice Durango en la fundamentación de su iniciativa.

A pocos días de su asunción, el Ingeniero Macri dictó el Decreto 254/2015 por el que ordenó la revisión de los procesos concursales y de selección de personal del ámbito público nacional. Dicha norma, a grandes trazos, diferenció los mecanismos de revisión que propició en dos grandes grupos. Por un lado, las designaciones que hubieran estado precedidas de procesos concursales y por el otro, las contrataciones de personal previstas en el artículo 9º de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público. En el primer caso, instruyó a las diferentes autoridades de la Administración a efectuar un análisis de los procedimientos de selección y designación y, en caso de detectar irregularidades, activar los procedimientos tendientes a la declaración de nulidad de los mismos.

Al segundo grupo, a su vez, lo subdividió en las contrataciones celebradas durante los últimos tres años y las que hubieran sido realizadas con anterioridad a 2013. Las primeras, como principio general, se renovarían por tres meses y las segundas, hasta el 31 de Diciembre de 2016. En ambos casos, además, las autoridades podrían determinar la rescisión o renovación de las contrataciones revisadas.

Hace apenas horas, el Ministro de Modernización confirmó que en los últimos meses han sido despedidos 10921 trabajadores estatales, en lo que consideró la primera etapa de la revisión dispuesta por el Decreto 254/15. El Ministro avaló la medida en la no prestación de tareas de los trabajadores despedidos, a la vez que minimizó la cuantía de las cesantías, diciendo que representan el 5 % de los empleados estatales.

Asimismo, declaró que el 90 % de los despedidos hasta aquí habían sido contratados en los últimos tres años, que 7311 correspondieron a contratos que vencieron en diciembre del año pasado y 3610 a tercerizados, convenios con universidades y precarizados. Las carteras con más bajas fueron Interior, Desarrollo Social, Cultura, Salud y Energía.

Dijo la Senadora al respecto que “del mismo modo, en la provincia de La Pampa, de la que provengo y a la que represento, si bien no se han producido despidos en la Administración Pública Provincial, sí ha ocurrido en la Administración Pública Nacional, y entre los afectados se encuentran profesionales que trabajaban temas tan sensibles como graves, por ejemplo, la trata de personas. A su vez, las consecuencias de la política económica también se han dejado sentir en la actividad privada pampeana. Si bien no contamos con estadísticas fiables, la información suministrada por los gremios UOCRA y de Comercio, entre otros, es preocupante aun cuando las fuentes de trabajo perdidas no puedan ser cuantificables por tratarse de trabajo informal.