Por Norberto G. Asquini
En la última semana las declaraciones del intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, resaltaron en el escenario político pampeano. Molesto, y más, por conflictos laborales y denuncias gremiales sobre sus decisiones, acusó al sindicato de desgastar su gestión y de mentir sobre la situación en la comuna. Las repercusiones por el “sincericidio” del jefe comunal taparon una cuestión de fondo que es central en la disputa desatada y que se discute por estos tiempos en la política nacional y provincial: el empleo público.
Con los cambios de gestión, después de 12 años de kirchnerismo y ocho de jorgismo en la provincia, se empezó a replantear, con errores y aciertos, el tema del empleo en la administración pública. A nivel nacional con los avances del macrismo sobre los trabajadores de organismos públicos que bajo el argumento de la eficiencia y los “ñoquis” –que los hay, pero no son la generalidad– desplegaron miles de cesantías vinculadas con el ajuste en el Estado y la persecución política. Los datos estadísticos indican que sí hubo un fuerte incremento del empleo público en la última década, no sólo en el Estado nacional, sino también –y sobre todo– en las provincias. Como indica la página Chequeado.com, a partir de estos datos, hay quienes argumentan que el crecimiento registrado fue desmedido y, quienes señalan que el aumento del trabajo estatal se relacionó con un incremento de los servicios públicos que benefició a la población.
A nivel provincial la discusión se había abierto mucho antes y tiene un tinte muy distinto, pero que ahora toma otro cariz ante la crítica situación económica. El vernismo afirma que durante la gestión anterior la cantidad de empleados se incrementó cuatro veces lo que creció la población y que los municipios se convirtieron en fuentes laborales vía ingreso indiscriminado de personal que hoy es difícil de sostener. En la actualidad, frente a un período recesivo, se empieza a notar ese peso sobre la caja pública. En ese sentido, el gobernador Carlos Verna planteó entre sus directivas la promoción del empleo privado como medida para frenar las consecuencias del crecimiento descontrolado del “Estado peronista” pampeano.
El derrame de ese debate y esa revisión de la política laboral en el Estado llegó al municipio de Santa Rosa. Una comuna castigada por el abandono y el desmanejo de la gestión de Luis Larrañaga, aunque los ex funcionarios de ese gobierno intenten tapar las consecuencias de su paso achacándole inacción al actual jefe comunal.
Vamos a simplificar el fondo de la discusión: luego de los doce años de gestión de Oscar Mario Jorge (1991-2003) al frente de la intendencia, el justicialismo gobernó en tres oportunidades más: pasaron Néstor Alcala, Juan Carlos Tierno (apenas tres meses) y Larrañaga. La oposición lo hizo en dos: Francisco Torroba y actualmente Altolaguirre. De unos 900 empleados que tenía la comuna en 2003, pasó a 2.100 doce años después, y los servicios no han aumentado tanto, si bien la ciudad se ha expandido y también sus problemáticas. En ese lapso, las tres gestiones del PJ fueron deficientes, por diferentes motivos, dejando a la comuna exhausta. Y los resultados electorales que ha tenido el justicialismo en la capital provincial desde entonces mucho han tenido que ver con estas pobres gestiones. Ese ha sido el modelo “populista”, el de la incorporación de contratados, el uso del empleo público como captación y pago político y los vínculos laborales más laxos.
El otro “modelo” podemos llamarlo el “eficientista”. La búsqueda de un ordenamiento financiero del municipio y la concepción de una comuna que presta servicios, dos pilares de la gestión torrobista. Es una concepción que choca frontalmente con prácticas instaladas en la administración pública comunal, que deberían ser políticas a seguir cuando estas situaciones son negativas –el pago de horas extras sin control, por dar un ejemplo–, pero que deben contemplar los casos cuando son productivas –cambios de horarios–.
Altolaguirre, sin experiencia de gestión, con una crisis económica a cuestas –tanto nacional como local– y con un municipio muy venido a menos –en los últimos meses el desgobierno se notó en las calles y en la coparticipación– quiso encarar una reestructuración en la planta de empleados y chocó de frente. Ya sea por errores propios –falta de una política comunicacional o de tacto por parte de sus funcionarios en la relación con los trabajadores– como de los frenos que le impusieron situaciones enquistadas en la propia administración como “kioscos”, robos hormiga, arreglos de horas extras sin justificación o áreas donde por un lado sobra personal y por el otro falta.
Hay que aclarar que esto no significa que si en la planta administrativa hay casos contados de falta de compromiso, uso clientelar de los puestos laborales, incumplimientos de horarios o irregularidades, la mayoría, el grueso del personal, no cumpla eficientemente su función todos los días.
La discusión en torno al empleo público, con sus aristas positivas o negativas, está planteada por necesidades y urgencias de las gestiones actuales. Habrá que ver si ese debate irá al fondo de la cuestión o solo será una preocupación pasajera.