Desde General Pico, las organizaciones Tamboras del Viento y Guapabanda y desde Santa Rosa, Mujeres Autoconvocadas repudiaron la actitud de los ginecólogos y obstetras del hospital Gobernador Centeno que niegan la interrupción de embarazos a mujeres cuya vida corre riesgo, que fueron violadas o que tiene un embarazo inviable, violando los derechos de las mujeres a decidir.
Tanto las mujeres de Santa Rosa como las de General Pico repudian “la conducta sistemática en torno a la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas por parte de los y las profesionales que prestan servicio en el Hospital Gobernador Centeno, de Gral. Pico”.
Y recuerdan el caso de Ivana, que debió exponer su historia para lograr una solución. “El último fin de semana una mujer se vio obligada a exponer mediáticamente su estado de salud, su intimidad y la de su familia para obtener una respuesta estatal que le salvara la vida.
Los profesionales de ese establecimiento, advirtiendo desde el primer control ginecológico que la gestación que atravesaba la mujer era sumamente riesgosa para su vida, se negaron a darle mayor información sobre el derecho a interrumpir el embarazo en curso y sobre las leyes y protocolos que protegen la práctica ((Decreto 279/12; Protocolo ANP de La Pampa Res. 656/12, Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de La Nación, entre otros)”.
De acuerdo a la legislación vigente y a la interpretación que hacen las mujeres de la misma “estos servidores públicos incumplieron con sus deberes de funcionarios y violentaron la ley 26485 en toda su expresión”. Es por ello, que exigen “al Ministro de Salud y a las Autoridades Administrativas que inicien las investigaciones correspondientes y, en consecuencia, se sancione a los responsables de tan despreciable ejercicio de la profesión”.
Y recuerdan que “es totalmente ilegítima la conducta de los objetores de conciencia en masa, pero, aun respetando ese “derecho”, los médicos y médicas conservan la obligación de brindar información y de arbitrar los medios urgentes y oportunos para evitar poner en peligro la vida, en este caso, de una mujer malnutrida, con diez partos y 8 cesáreas, de tan solo 35 años y en situación de extrema indefensión”.
Califican la conducta de los profesionales de Tocoginecología del Centeno de “corporativa e hipócrita de quienes objetan practicar abortos no punibles en la Salud Pública, pero que en sus consultorios privados, a valores de mercado, hacen caja con los derechos de las mujeres”.
La feministas piquenses agregan que “los derechos de las mujeres, están por encima de cualquier creencia personal o religiosa de los médicos, por lo que se invalida “la objeción de conciencia ” como pretexto, para no cumplir con su juramento hipocrático”.
Además, solicitan “a las autoridades de las áreas de Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer, Ministerio de Salud, Defensoría de Niñez tomen inmediata intervención en el caso y gestionen las medidas para darle una solución integral a las diversas problemáticas que colocan a todo el grupo familiar en grave riesgo”.
Por su parte, las mujeres de General Pico, más cercanas a la historia, reconocen en el comunicado de prensa que “el único que se hizo cargo de su grave problema-a cinco meses del embarazo- fue el nuevo director del nosocomio, doctor Esteban Vianello que logró su derivación al hospital Molas para el lunes 11 de enero, en Santa Rosa”.
Mujeres de ambas ciudades repudian “el grosero incumplimiento del protocolo de abortos no-punibles que rige como ley en todos los ámbitos de la salud pública en Argentina” y se solidarizan “Ivana, víctima de la violencia de género y revictimizada por la violencia obstétrica que tiene como protagonistas a los nueve ginecólogos del Hospital Centeno”.