Integrantes del Movimiento por los Derechos de las Mujeres realizaron hoy al mediodía una intervención frente a los consultorios externos del hospital Gobernador Centeno, donde hicieron una tocata y cantaron consignas en reclamo de la aplicación del Protocolo de Aborto no Punible. También recorrieron postas informando al personal sobre el Protocolo, actividad que repetirán hasta el día viernes.
En el marco del día Día Internacional de Lucha por el aborto Legal, Seguro y Gratuito, celebrado cada 28 de septiembre en América Latina y el Caribe, las militantes se presentaron en el nosocomio local con sus bombos, carteles y consignas para reclamar algo que por ley es un derecho adquirido.
Paula Félix recordó que a diferencia de otros lugares de la provincia y el país, en General Pico “tenemos el problema de la objeción de conciencia que plantea todo el equipo de salud y ginecología del hospital público, entonces lo que venimos a hacer es manifestarnos para exigirle al director del hospital Gobernador Centeno que aplique el Protocolo de Abortos no Punibles, que son abortos legales que están contemplados por la Constitución en Argentina desde hace muchísimo tiempo”.
Sostuvo la joven que existe “desinterés y decidía hacia las mujeres pobres que se atienden en los hospitales públicos, porque las que tienen dinero si lo hacen en el sector privado”.
Derechos vulnerados
Si bien reconoció que es un derecho de los profesionales el hacer uso de la objeción de conciencia, por ejemplo por motivos religiosos, al hacerlo “se están vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la vida. Nosotras creemos que penalizar el aborto no hace que las mujeres no interrumpan sus embarazos de todas maneras”, por lo que es necesario que se aplique el Protocolo como en otros países americanos y europeos, donde esto llevo a que haya “cero mortalidad materna”, mientras que “en la Argentina se da lo contrario”.
“La objeción de conciencia, claramente lo dice el Protocolo, tiene que ser individual, no institucional, o sea el hospital Gobernador Centeno está incumpliendo eso”, remarcó ya que en el centro de salud local no existe ni un solo médico que realice la práctica y las pacientes son derivadas a Santa Rosa.
Aclaró luego que si bien los doctores tienen la posibilidad de objetarse, igual tienen la obligación de suministrar información adecuada a las pacientes. “Tienen que decir a que tienen derecho las mujeres, pero ni siquiera informan, dilatan la práctica y las derivan en Santa Rosa. El maltrato que hay institucional no tiene nombre, eso lo vemos injusto y discriminatorio, porque solamente se aplica objeción de conciencia cuando son temas de salud reproductiva de las mujeres, no para otros casos”, dijo molesta la entrevistada.
Riesgo de vida
Félix sostuvo que las dilaciones producto de la burocracia generan “complicaciones en la salud” de las embarazadas y además ponen en riesgo su vida. Más allá de la decisión de los médicos “las mujeres que van a interrumpir su embarazo lo van a hacer de todas maneras y que mejor que el sistema de Salud Pública garantice que sean viables y seguros, para que no terminen en circuitos clandestinos donde se ve afectada la salud y la vida de las mujeres, sobre todo las más humildes”.
La joven militante opinó que hay una bajada de línea en el hospital local, algo que se nota en casos puntuales como uno ocurrido años atrás, donde se realizó la practica a “una chiquita de 12 años que fue violada. Incluyeron a medicas que entraron por el artículo 5to y luego cuando quedaron en planta permanente se declararon objetoras, o sea entran diciendo que no lo son y luego se declaran objetoras”.
“No vamos a desistir, sobre todo habiendo un protocolo tan claro”, afirmó la entrevistada y reclamó como otra solución alternativa “que en las postas accedieran a la medicación Misoprostol, que es la mediación recomendada por la Organización Mundial de la Salud para interrumpir los embarazos entre la semanas 7 y 12 de gestación. Esa sería una posibilidad, pero la mediación hoy solo está en el hospital”.
Recordó a continuación relevamientos realizados por el Ministerio de Salud de la Nación, donde se detectaron hasta 33 muertes anuales en el país por abortos clandestinos mal hechos y volvió a diferencias la situación con países donde la aplicación de la ley está más aceitada, por lo que “hay cero muertes de mujeres por este tema”.
Por último, se refirió a los cambios culturales que llevaron a que “la interrupción legal del embarazo en casos de violación, malformación fetal o salud de la mujer, tenga alta aceptación social hoy por hoy”.